Dos casos recientes han sacudido la opinión pública en México y revelado una profunda contradicción en la manera en que la sociedad percibe la justicia. En uno, una mujer de 74 años fue celebrada como heroína tras asesinar a dos personas que ocupaban su vivienda. En otro, una madre enfrenta hasta 40 años de prisión por agredir a una maestra, luego de hallar a su hijo con quemaduras. Ambos actos involucraron violencia, pero solo uno desató empatía colectiva. ¿Por qué? La respuesta no está solo en el Código Penal, sino en el imaginario social que decide a quién castigar y a quién perdonar.
El sistema de justicia no opera en el vacío. A pesar de la existencia de marcos normativos que establecen penas y procesos judiciales, las decisiones que se toman en torno a casos concretos no pueden desvincularse de la percepción social que los rodea. La viralización en redes sociales de ciertos eventos puede moldear la forma en que son interpretados, no solo por la opinión pública, sino también por las instituciones encargadas de impartir justicia.
Dos casos recientes en el Estado de México ilustran cómo la percepción de justica puede desviarse de la proporcionalidad cuando la reacción social se vuelve un factor determinante: por un lado, el cado en Chalco, donde la indulgencia y hasta risas hacia una mujer de la tercera edad que diparó contras dos personas en un aparente acto de justicia por mano propia; por otro, la severa condena impuesta a una madre de Cuautitlán Izcalli que agredió a una maestra, supuestamente para defender a su hijo en 2023. Ambos casos viralizados en las redes socaiels.
La validación social de la justicia privada
El 2 de abril, Carlota “N”, una mujer de 74 años, irrumpió armada en un domicilio de la colonia Unidad Habitacional Ex Hacienda de Guadalupe, con el propósito de desalojar a quienes consideraba invasores de su propiedad. Su intervención derivó en un ataque con arma de fuego que dejó dos muertos y un menor herido. A pesar de la violencia del crimen, la respuesta en redes sociales fue mayoritariamente favorable hacia Carlota, inundado con memes de la señora las redes sociales.
Parieciera las personas tienden a justificar o minimizar actos violentos cuando estos encajan en una narrativa de reparación percibida como legítima. En este caso, la idea de una «abuela despojada» apeló a la emoción de injusticia estructural: si las instituciones no garantizan el cumplimiento de la ley, entonces el castigo privado se vuelve justificable.
Adicionalmente, la teoría del sesgo de correspondencia indica que los observadores tienden a atribuir el comportamiento de los demás a rasgos personales en lugar de a factores situacionales, es decir, las personas suelen explicar comportamientos fundamentadas en el tipo de persona que los realiza y descarta factores ambientales y circunstanciales. Sin embargo, en este caso ocurrió lo contrario: Carlota fue vista como una víctima de las circunstancias, lo que desplazó la responsabilidad de sus actos a un sistema ineficiente que «la obligó» a actuar. Esta percepción llevó a una indulgencia colectiva que contrastó con la respuesta institucional que enfrentó el siguiente caso.
El 17 de julio de 2023, Laura «N» ingresó al kínder Frida Kahlo, en Cuautitlán Izcalli, y golpeó a la maestra Brenda, a quien culpaba de una quemadura en el brazo de su hijo de tres años. Aunque la agresión no resultó en lesiones graves, fue imputada por los delitos de extorsión e intento de homicidio, enfrentando una pena de hasta 40 años de prisión. Según Laura, la severidad con la que es juzgada se debió a la mediatización de su caso.
Algunas veces, la severidad con la que se juzga una acción depende no solo del daño causado, sino de cómo la persona es percibida dentro del marco normativo y moral de una sociedad. En este caso, Laura rompió múltiples códigos implícitos: cruzó la barrera de la escuela, un espacio socialmente protegido; actuó desde la ira materna, una emoción que se percibe como irracional y peligrosa cuando se sale de los espacios de contención tradicionales; y además, enfrentó a una figura de autoridad educativa, lo que generó una respuesta emocional de repudio.
Los eventos que generan indignación suelen producir respuestas punitivas más severas. En redes sociales, el hecho de que Laura ingresara a un aula y confrontara violentamente a una maestra activó un rechazo inmediato. Este tipo de indignación moral se refuerza en la viralización digital, generando una presión para que las instituciones judiciales respondan con mayor dureza.
La justicia como espejo de nuestras emociones
Más allá de las decisiones judiciales, estos casos revelan cómo la percepción colectiva moldea lo que entendemos como justicia. En el caso de Carlota, la figura de una mujer mayor despojada de su casa despertó una ola de solidaridad emocional. Su acción violenta fue leída no como un crimen deliberado, sino como una forma de justicia forzada por la omisión del Estado. Esa identificación con su causa produjo una especie de absolución moral previa al juicio legal, una validación social que amortiguó la gravedad de los hechos. La sociedad, en este caso, operó bajo una lógica de justicia moral compartida: si el sistema falla, se justifica el castigo por mano propia.
Con Laura ocurrió lo contrario. Su irrupción en una escuela, un espacio socialmente protegido, y su confrontación directa con una maestra —figura simbólica de autoridad y cuidado— Se le atribuyó la violencia no a las circunstancias, sino a su persona: se volvió, en el imaginario colectivo, una madre irracional, peligrosa, fuera de control.
Esa diferencia en la atribución de responsabilidad se profundizó por otro sesgo muy presente en la psicología social: el de simpatía. Una abuela armada puede resultar, paradójicamente, menos amenazante que una madre furiosa. La edad, el género, el lenguaje corporal, el tono de voz o incluso el contexto socioeconómico pueden pesar más que la evidencia objetiva cuando se trata de formar una opinión pública.
Además, en ambos casos la viralización jugó un papel decisivo. Las redes sociales no solo informan: estructuran la narrativa. Al amplificar ciertas emociones —indignación, ternura, rabia, compasión—, las plataformas digitales se convierten en arenas morales que presionan al sistema judicial. Así, el castigo o la indulgencia ya no dependen solo del código penal, sino también del tipo de historia que circula y del personaje que encarna al agresor.
Lo que emerge de estos casos no es solo una crítica al sistema de justicia, sino una mirada a nosotros mismos: cómo sentimos, cómo juzgamos y cómo, sin darnos cuenta, influimos en el destino legal de otros a través de la lente emocional con la que los observamos.
Los casos de Carlota y Laura muestran cómo la respuesta institucional se ve influenciada por la construcción narrativa que se genera en torno a un hecho. Mientras que la primera fue tratada con indulgencia debido a la percepción de que su crimen respondía a una injusticia previa, la segunda fue condenada con dureza porque su agresión rompió normas de convivencia fuertemente arraigadas.
