El Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) de la ONU advirtió que las desapariciones en México se practican de manera “sistemática o generalizada”, lo cual abre la posibilidad de que la Asamblea General de Naciones Unidas convoque una sesión urgente para tratar el tema.
Al cierre de su sesión vespertina este jueves, el presidente del Comité, Olivier de Frouville, explicó que México fue examinado a través de tres mecanismos distintos previstos en la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas: el procedimiento de acción urgente (artículo 30), las comunicaciones individuales (artículo 31) y el procedimiento de evaluación generalizada (artículo 34).
“El Comité ha recibido información que parece contener indicios fundados de que la desaparición forzada se practica de manera generalizada o sistemática en el territorio bajo la jurisdicción de México”, declaró De Frouville. En consecuencia, explicó, se solicitó formalmente al Estado mexicano información pertinente sobre la situación, como paso previo para una posible escalada del caso ante la Asamblea General de la ONU.
¿Qué resolvió el Comité y por qué es grave?
El artículo 34 de la Convención establece que, si un Estado Parte practica desapariciones forzadas de forma sistemática o generalizada, el Comité puede remitir la situación, con carácter urgente, a la Asamblea General de la ONU, a través del Secretario General. Es un recurso reservado para casos graves y persistentes.
El presidente del CED señaló que esta decisión no prejuzga el resultado final del proceso, pero marca un punto de inflexión en la supervisión internacional sobre México: por primera vez desde que el país ratificó la Convención en 2008, la ONU ha activado simultáneamente sus tres mecanismos de revisión ante la evidencia acumulada de una crisis estructural.
El Comité también recordó que el procedimiento de acción urgente (artículo 30) permite que familiares o representantes de personas desaparecidas soliciten la intervención inmediata del CED para exigir al Estado que las busque y proteja. Este recurso ha sido ampliamente utilizado por colectivos mexicanos, dada la inacción de autoridades nacionales.
Hallazgos recientes y omisiones
La evaluación del Comité se dio a conocer pocos días después del hallazgo de un centro clandestino en un rancho del estado de Jalisco, donde se encontraron restos humanos calcinados y más de 200 objetos personales, como zapatos y ropa. De acuerdo con la ONU, el sitio era presuntamente operado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y utilizado para reclutar forzosamente a jóvenes mediante falsas ofertas de empleo. Quienes no cumplían con las exigencias del grupo criminal eran asesinados.
Liz Throssell, portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, calificó el descubrimiento como un “recordatorio profundamente perturbador” del trauma que viven miles de familias mexicanas. Agregó que lo encontrado sugiere prácticas sistemáticas de desaparición vinculadas al crimen organizado.
El caso se volvió aún más alarmante porque el rancho ya había sido allanado en septiembre de 2024 por la Guardia Nacional y la Fiscalía de Jalisco, sin que se detectaran las pruebas cruciales que más tarde localizaron los colectivos de búsqueda. Las autoridades federales y estatales anunciaron que investigarán posibles omisiones graves en esa operación previa.
Cooperación con el Estado mexicano
Pese a la gravedad de los hallazgos, el Comité expresó su disposición a mantener una “cooperación constructiva” con el gobierno mexicano para lograr la aplicación plena de la Convención. Sin embargo, el inicio de los tres procedimientos simultáneos es un mensaje claro de que, para el sistema internacional de derechos humanos, la situación ha llegado a un punto crítico.
El Comité informará a México de manera formal en las próximas semanas, y el país deberá responder sobre las desapariciones, sus causas estructurales y las medidas que está tomando. En función de esa respuesta, la ONU decidirá si eleva el caso a la Asamblea General.
Según cifras oficiales, en México hay más de 115 mil personas desaparecidas, aunque colectivos de familiares aseguran que la cifra real podría ser mayor. El CED ya había alertado en 2022 que el país enfrentaba una “crisis humanitaria” en materia de desapariciones, pero ahora esa preocupación se formaliza en el procedimiento más alto previsto en la Convención.
