Con el objetivo de garantizar un uso ético y responsable de esta tecnología, la propuesta busca otorgar al Congreso la facultad de legislar en la materia y crear un órgano autónomo para supervisar su implementación, asegurando que los avances tecnológicos se alineen con los derechos humanos y las necesidades sociales del país.
La Senadora Celeste Ascencio Ortega, de Morena, presentó una iniciativa para establecer un marco legal y constitucional que regule a la Inteligencia Artificial de manera adecuada. Ascencio Ortega destacó que, debido al impacto de la inteligencia artificial en diversos sectores como el trabajo, la seguridad, la educación y la vida cotidiana, es necesario crear una regulación que permita aprovechar sus beneficios, pero también prever sus riesgos y establecer restricciones claras.
Un marco regulatorio para la IA
La iniciativa presentada por la morenista propone facultar al Congreso de la Unión para legislar en materia de inteligencia artificial y establecer un mandato para la emisión de una ley general que regule su uso en el país. Este marco legal tiene como objetivo abordar tanto los beneficios como los desafíos de la IA, incluyendo problemas como la alteración de imágenes, la suplantación de identidad y el plagio de obras.
La senadora subrayó que la inteligencia artificial ha penetrado en muchos aspectos de la vida cotidiana, desde las aplicaciones móviles que permiten editar imágenes hasta la automatización de procesos en diversos sectores como la industria y la educación. No obstante, también advirtió sobre el potencial de la IA para vulnerar derechos fundamentales, como los relacionados con la protección de datos personales y la privacidad.
El impacto en el ámbito laboral
Un aspecto de la iniciativa es la transformación laboral que traerá consigo el avance de la IA. Según datos de la senadora para 2022, el 31% de las empresas mexicanas ya utilizaban inteligencia artificial para agilizar procesos, lo que representa una revolución tecnológica comparable a la histórica revolución industrial. Sin embargo, Ascencio Ortega también señaló los riesgos de esta transformación, como la reducción de plazas laborales. El informe Perspectivas de Empleo 2023 de la OCDE revela que el 27% de los trabajos en los países miembros están en riesgo de ser automatizados, lo que podría generar desempleo y desplazamiento laboral en sectores clave.
El marco constitucional propuesto
La iniciativa busca reformar el artículo 73 de la Constitución mexicana, específicamente en su fracción XVII, para otorgar al Congreso de la Unión la facultad de dictar leyes en materia de inteligencia artificial, dentro del contexto de las tecnologías de la información y la comunicación. Con esta reforma, se pretende establecer principios y límites claros para el uso de la IA, tomando en cuenta tanto sus beneficios como sus posibles efectos adversos.
Además, se propone la creación de un órgano garante dependiente del Ejecutivo Federal, que tendrá autonomía técnica y de gestión para supervisar el uso de la inteligencia artificial en el país. Este órgano será responsable de asegurar que las políticas y prácticas relacionadas con la IA se alineen con los principios establecidos en la Constitución y los derechos humanos.
Un enfoque multidisciplinario y flexible
La propuesta de reforma también enfatiza la necesidad de un enfoque multidisciplinario y flexible en la creación de las leyes, ya que la inteligencia artificial es un fenómeno en constante evolución. La educación y la capacitación son componentes clave de la iniciativa, que busca garantizar que la población esté preparada para afrontar los desafíos que trae consigo la IA. Además, se contempla el fomento del desarrollo de tecnologías de inteligencia artificial mexicanas, con el objetivo de no depender únicamente de tecnologías extranjeras.
Transitorios de la propuesta
Los transitorios de la iniciativa reforman la Constitución y establecen un mandato constitucional que obliga al Congreso de la Unión a expedir una Ley General sobre la inteligencia artificial dentro del año siguiente a la publicación de la reforma. Esta ley deberá definir los principios fundamentales para el uso ético de la IA, sus restricciones, prohibiciones y los límites en su aplicación. Además, se incluirán medidas para la protección de datos personales y la responsabilidad en el uso de estas tecnologías.
