La oposición advirtió que prepara una acción de inconstitucional que presentarán ante la Corte y consideraron la reforma una regresión a los derechos humanos.
Con 69 votos a favor y 42 en contra, el Pleno del Senado de la República aprobó en lo general y particular la Reforma de Ley de Amparo. Con esta iniciativa los jueces no podrán suspender obras o reformas impugnadas a través de juicios de amparo. Fue turnada a la Cámara de Diputados.
La iniciativa fue presentada por el senador Ricardo Monreal, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y modifica los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución, que establecen que «tratándose de juicios de amparo que resuelven la inconstitucionalidad de normas generales , en ningún caso las suspensiones que se dicten fijarán efectos generales». De manera que el derecho a obtener suspensiones continúa con excepción de los casos de impugnación a obras del Gobierno y reformas aprobadas por el Congreso de la Unión.
La senadora Olga Sánchez Cordero presentó el dictamen y afirmó que garantizaba el principio de constitucionalidad y que no se afectaba al derecho al juicio de amparo.
«Queda intocado el juicio de amparo, queda intocada la suspensión porque este fue un precedente de algún juzgador o de algunos juzgadores, por supuesto que no estamos afectando derechos ni haciendo una regresión de garantías ni en la promoción de derechos», afirmó la senadora de Morena.
Ricardo Monreal sostuvo que la iniciativa busca evitar la «dictadura de toga». En la iniciativa se aseguró que permitirá la separación de poderes. Sin embargo, se señala que no debe ser utilizada para limitar a «un Poder constituido en detrimento de otro».
La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) solicitó una moción para devolver el dictamen a comisiones, pero fue rechazada con 67 votos en contra. El senador del Grupo Plural, Germán Martínez advirtió que la reforma violenta al menos cinco artículos en materia de derechos humanos. Claudia Anaya, senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), indicó que solicitarán una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
