En Chiapas y Oaxaca, la violencia contra líderes políticos y dirigentes sociales se ha incrementado por las disputas territoriales con fines extractivistas y el expansión del crimen organizado, concluye la organización ACLED.
El Proyecto de Datos de Eventos y Ubicación de Conflictos Armados (ACLED, por sus siglas en inglés) publicó el tercer informe sobre las elecciones en México, en el que examinó la vinculación de los conflictos armados con las agresiones en contra de actores políticos en los casos de Chiapas y Oaxaca.
De acuerdo con el informe, la violencia electoral que se genera en la región sur del territorio mexicano es propiciada por las disputas territoriales, la expansión del crimen organizado y la justicia por mano propia.
En un contexto de violencia generada por intereses económicos y políticos, las comunidades locales ejercen justicia por su propia mano. Estos usos y costumbres han derivado en la aplicación de represalias a los gobernantes de comunidades locales, incluso cuando no cumplen sus promesas de campaña.
En el análisis se señaló el crecimiento de la presencia de grupos del crimen organizado en Chiapas y Oaxaca, que una vez desplegados en el territorio, emprenden ataques contra políticos y líderes sociales. Esta problemática se intensificó en Chiapas a partir del 2023, debido a la confrontación entre cárteles.
La organización señaló que en México existen 500 territorios en disputa, la mitad de ellos se encuentra en los estados de Chiapas y Oaxaca. La violencia derivada de estos conflictos afecta a los habitantes, quienes ante la falta de procuración de seguridad por parte de las autoridades, han conformado grupos de autodefensa.
En la medida en que las rivalidades políticas por el control de los recursos naturales se aviva, las tensiones y conflictos comunales se multiplican, al igual que las acciones de autodefensa.
Las rivalidades políticas surgen de la falta de acuerdos y alimentan la violencia. ACLE identificó un punto rojo en Chenalhó, Chiapas, donde existe un conflicto añejo que a partir de 2016 se intensificó por los vínculos entre milicianos, dirigentes políticos de la localidad y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
En Oaxaca, la violencia se exacerba por la mismas diputas territoriales, pero en este caso la participación de las milicias es menos frecuente y solo está vinculada al 6 por ciento de los incidentes. No obstante, las diputas políticas por el control de los recursos estatales ha propiciado divisiones y tensiones en las comunidades.
En Oaxaca, la organización documentó casos de políticos que han participado en conflictos territoriales, con el objetivo de obtener ganancias de proyectos extractivos.
Aunque la mayor parte de los atentados contra figuras políticas han sido directos, en Chiapas y Oaxaca son frecuentes los disturbios y la destrucción de propiedades. En estos eventos, se han registrado ataques a políticos y funcionario públicos, e incluso se les ha retenido de manera temporal, como una forma de responsabilizarlos.
El crimen organizado ejerce violencia en medio de los disturbios comunitarios e intensifica las agresiones contra políticos. En Oaxaca se ha conformado un corredor estratégico para el tráfico de droga y migrantes que atraviesa las ciudades donde los cárteles controlan el mercado de estupefacientes y extorsión.
En Chiapas, la violencia de las células del crimen organizado se intensificó desde el 2021, en particular en la región de Los Altos, donde el Cartel Jalisco y el Cartel Sinaloa intensificaron aún más su presencia en la frontera con Guatemala desde el 2023.
