Diez años después de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el caso sigue rodeado de incertidumbre y dolor. A pesar de los avances del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), persisten los obstáculos para lograr justicia plena. Mientras nuevas revelaciones apuntan a la implicación de fuerzas armadas y al encubrimiento estatal, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha expresado dudas sobre las acusaciones contra el Ejército, señalando posibles intereses extranjeros en desestabilizar una institución clave del país.
Este 26 de septiembre de 2024, se cumplen diez años desde la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural «Raúl Isidro Burgos» de Ayotzinapa. Un caso que ha marcado a la sociedad mexicana y que continúa sin resolverse por completo. A pesar de las promesas de esclarecimiento y justicia por parte de varios gobiernos, la incertidumbre persiste, tanto para los familiares como para el país entero. Entre los avances más destacados de este sexenio se encuentra el Informe VI, presentado en julio de 2023 por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que ofreció un panorama actualizado sobre los hallazgos, avances y obstáculos en la investigación. Aun así, deja claro que el camino hacia la verdad y la justicia sigue estando lleno de obstáculos.
El surgimiento del caso y la «Verdad Histórica»
La noche del 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, los estudiantes fueron atacados mientras intentaban tomar autobuses para asistir a la conmemoración de la masacre de Tlatelolco. En ese contexto, la «Verdad Histórica» presentada por la extinta Procuraduría General de la República (PGR) en 2015 aseguró que los 43 jóvenes fueron entregados por la policía local al grupo criminal Guerreros Unidos, quienes los habrían asesinado e incinerado en el basurero de Cocula.
Desde su presentación, esta versión fue cuestionada por organismos nacionales e internacionales, incluido el GIEI, que desmanteló en múltiples informes la validez de dicha narrativa, señalando irregularidades como torturas, falsificación de pruebas y encubrimientos por parte de autoridades.
El Informe VI se enfocó en desentrañar el encubrimiento y los errores de la investigación original. Entre sus principales revelaciones se destacaron:
- Implicación de fuerzas armadas: Uno de los puntos más impactantes del informe es la confirmación de la presunta participación activa de miembros del Ejército Mexicano y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN). Estos organismos no solo tenían conocimiento en tiempo real de lo que sucedía esa noche, sino que omitieron intervenir para proteger a los estudiantes. La colusión de estos sectores del Ejército con el crimen organizado en Iguala, según el informe, fue un factor clave que facilitó la desaparición forzada de los estudiantes.
- Manipulación de pruebas: El informe expuso que se manipularon y ocultaron pruebas cruciales, como los videos de vigilancia del sistema C-4 en Iguala, bajo control del Ejército, que registraban los movimientos de los estudiantes. Además, varios elementos de la SEDENA dieron declaraciones falsas y alteraron reportes, impidiendo el avance en la investigación.
- Uso de tecnología para rastrear teléfonos móviles: El informe también reveló que algunos de los teléfonos móviles de los estudiantes fueron utilizados por sus captores después de la desaparición, lo que da indicios sobre los responsables de la ejecución de los crímenes y del encubrimiento posterior.
Un trasfondo criminal más profundo
El Informe VI sugirió que la desaparición de los normalistas no fue un hecho aislado, sino que estaría vinculada a un contexto más amplio de macrocriminalidad. Guerrero, particularmente Iguala, es una zona clave en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, y la red de control territorial que ejercía el grupo criminal Guerreros Unidos en la región, en colaboración con autoridades locales, fue determinante para los trágicos eventos de aquella noche.
Este trasfondo de tráfico de drogas y control territorial añadió una capa más de complejidad al caso, señalando que los estudiantes pudieron haber sido víctimas de un conflicto relacionado con este tráfico, un ángulo que no ha sido plenamente investigado ni aclarado.
La tortura como instrumento de encubrimiento
La documentación de torturas sistemáticas a personas detenidas en el marco de la investigación cimbró la investigación casi desde sus inicios. Este uso de la tortura no solo distorsionó la búsqueda de la verdad, sino que, en muchos casos, generó pruebas falsas que apuntalaron la «Verdad Histórica».
Hasta la fecha, se ha comprobado que varios detenidos fueron torturados para dar versiones que encajaban en el relato oficial, y los funcionarios responsables de estos actos continúan en su mayoría impunes. Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, acusado de haber orquestado el encubrimiento de los hechos y la tortura de testigos clave sigue prófugo. Zerón, quien huyó de México, se presume que se encuentra refugiado en Israel, donde el Gobierno mexicano busca su extradición para que enfrente cargos. Sin embargo, este procedimiento no tuvo éxito en todo el sexenio. El informe subrayó que, aunque algunos altos mandos han sido procesados, los avances en este aspecto siguen siendo insuficientes.
Nuevos testimonios y el hallazgo de restos
Una de las mayores esperanzas para las familias ha sido el hallazgo de los restos de dos de los estudiantes desaparecidos, identificado gracias a las pruebas obtenidas mediante nuevos testimonios protegidos. Estos testimonios han sido fundamentales para obtener nuevas pistas sobre lo que ocurrió con algunos de los normalistas.
Sin embargo, el informe también señaló la deficiente protección de los testigos, cuyas identidades han sido expuestas en varias ocasiones, poniendo en riesgo su seguridad y dificultando su colaboración. La falta de medidas adecuadas para garantizar su protección es un obstáculo adicional para el esclarecimiento completo del caso.
El papel del Ejército y la Marina
El Informe VI también destacó la implicación directa de la SEDENA y la Marina en los eventos posteriores a la desaparición. La Marina, según el GIEI, realizó operaciones clandestinas en el basurero de Cocula que fueron fundamentales para fabricar la versión oficial. Estas operaciones, además de su papel en la manipulación de pruebas, muestran el alto grado de implicación de estas instituciones en el encubrimiento del caso.
La postura del presidente López Obrador en 2024
En julio de 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció una declaración contundente sobre el caso Ayotzinapa, subrayando que “no hay duda de la responsabilidad del Estado”, ya sea por omisión, ocultamiento o fabricación de la verdad histórica. Sin embargo, mostró escepticismo respecto a las acusaciones hacia el Ejército. López Obrador señaló que «el señalamiento al Ejército, sin pruebas, me produce mucha desconfianza», sugiriendo que estas acusaciones podrían obedecer a un «afán de venganza de personas o instancias del extranjero» para debilitar a una institución fundamental del Estado mexicano.
El presidente comparó este caso con lo que sucedió con el general Salvador Cienfuegos, quien también fue acusado de tener vínculos con el crimen organizado, pero fue exonerado. López Obrador insinuó que estas acusaciones buscan desprestigiar tanto a él como al Ejército por motivos políticos e ideológicos. Además, destacó que algunas organizaciones no gubernamentales involucradas en la investigación podrían estar alineadas con intereses extranjeros, lo que añade una capa de complejidad política al caso.
Un decenio de lucha por la verdad y la justicia
A una década de la desaparición de los 43 normalistas, sus familias han encabezado una lucha incansable por la verdad y la justicia. Han marchado, protestado y confrontado a las autoridades en un esfuerzo por desmantelar la impunidad que envuelve el caso.
Aunque el Informe VI representa un avance en el desmantelamiento de la «Verdad Histórica», el camino hacia la justicia aún está lleno de incertidumbres. Las familias, apoyadas por organizaciones de derechos humanos, han denunciado que el acceso a archivos clave ha sido limitado, y que aún existen obstáculos políticos e institucionales que impiden que se llegue al fondo del caso.
El caso Ayotzinapa no solo expone una de las tragedias más dolorosas de la historia reciente de México, sino que también es un reflejo de las fallas estructurales del sistema de justicia y de seguridad del país. El Informe VI es un paso más en la búsqueda de la verdad, pero no es el punto final.
Las demandas de las familias siguen vigentes: ¿Dónde están los 43 estudiantes? y ¿quiénes son los responsables directos de su desaparición?. Hasta que estas preguntas no sean respondidas y se haga justicia, Ayotzinapa seguirá siendo un símbolo de la lucha contra la impunidad y la violencia que asola a México.
