Al cierre del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la cobertura de los programas sociales fue uno de los temas más reconocidos entre la población. Sin embargo, persisten carencias en el acceso a la seguridad social y la salud, especialmente entre los grupos más vulnerables, y advierte sobre la necesidad de reforzar el sistema tributario para asegurar la sostenibilidad de las políticas sociales a largo plazo.
Al cierre del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, uno de los aspectos más relevantes ha sido el desarrollo social, un tema central en su política de gobierno. Durante su administración, se priorizó la reducción de la pobreza laboral y la ampliación de programas sociales, buscando impactar de manera directa a los sectores más vulnerables del país.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) concluyó en su Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2024 que las mayores carencias a nivel nacional se observan en el acceso a la seguridad social y a la salud, afectando principalmente a los grupos históricamente discriminados, como niñas, niños, adolescentes, personas jóvenes, adultas mayores, indígenas, mujeres y personas con discapacidad.
El informe subraya que, aunque ha habido esfuerzos para aumentar la cobertura y el alcance de los programas sociales, es necesario fortalecer el sistema tributario y diversificar las fuentes de ingresos para garantizar la sostenibilidad de estos apoyos en el mediano y largo plazo. Además, señala que los programas sociales deben considerarse como inversiones que contribuyen a mejorar la educación, la salud, los cuidados y las condiciones de vida, lo cual impactará positivamente en la productividad económica del país.
En el caso de las niñas, niños y adolescentes, el informe revela que un 25.6% de los adolescentes de entre 15 y 17 años no asistían a la escuela en 2022, en gran parte debido a la necesidad de trabajar o por falta de recursos económicos. Aunque los programas de becas han ayudado a mejorar la inscripción escolar, estos no han logrado superar las barreras que enfrentan las niñas para acceder a la educación en igualdad de condiciones.
Respecto a las personas jóvenes, el documento señala que en 2022 solo el 41.9% de aquellos con educación media superior continuaron sus estudios en el nivel superior, lo que limita su acceso al empleo formal. Además, destaca que 9.6 millones de jóvenes trabajaban en la informalidad, lo que afecta su capacidad de generar ingresos y obtener seguridad social.
En cuanto a las personas adultas mayores, el informe señala que, a pesar de los avances en la universalización de las pensiones no contributivas, en 2022 aún había 1.9 millones de personas de este grupo sin acceso a jubilaciones o pensiones. La mayoría de las mujeres indígenas mayores nunca cotizaron en una institución de seguridad social, lo que las hace más vulnerables ante enfermedades y otras contingencias económicas.
Finalmente, el CONEVAL advierte que, en el contexto del envejecimiento acelerado de la población, es fundamental implementar un sistema de cuidados que contemple las necesidades de prevención y rehabilitación de las personas adultas mayores, y que pueda adaptarse a los cambios demográficos y financieros del país.
