La senadora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), María del Rocío Corona Nakamura, presentó una iniciativa de ley el 3 de octubre que busca tipificar como delito las actividades ilícitas realizadas a través de medios digitales y electrónicos, en un intento por fortalecer el orden público y la paz social. Sin embargo, no aporta definiciones y el alcance de su interpretación por parte del gobierno es ambiguo.
La senadora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), María del Rocío Corona Nakamura, propuso una iniciativa de ley que tipifica como delito cualquier actividad ilícita realizada a través de medios electrónicos o digitales que atente contra el orden público y la paz social.
En la iniciativa presentada el 3 de octubre, la senadora propone añadir una fracción XIV al artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional para perseguir como delito:
“Toda actividad ilícita cometida mediante el uso de medios electrónicos, digitales, tecnológicos, redes de comunicación o informáticos que pongan en riesgo el orden público y la paz social, dañen o vulneren a las instituciones o dependencias públicas o amenacen la seguridad de las áreas estratégicas a las que se refiere el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, se señala en la propuesta.
La iniciativa describe como ciberdelitos el hacking, cracking, phishing, spamming y el ciberterrorismo, los cuales ya han sido reconocidos por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
El objetivo es mantener la paz sancionando toda conducta ilícita generada a través de medios digitales y atente a la paz y al orden público. Sin embargo, el documento no es claro en las definiciones. Por ejemplo, los cibercriminales pueden usar spam para distribuir software malicioso y robar datos personales de los usuarios. No obstante, también se considera spam un mensaje que se difunde de forma reiterada por medios digitales y en algunas ocasiones ese mensaj e puede ser parte de una campaña de activismo o protesta social.
En plataformas como X, el spam no está permitido pero tiene diversas interpretaciones: puede referirse a mensajes con fines comerciales, a intentos de redirigir tráfico hacia una cuenta o contenido, a la manipulación de conversaciones mediante cuentas coordinadas, o incluso a acciones de código abierto para eludir mecanismos de seguridad de la plataforma.
No obstante, esta red social ha cometido errores al catalogar como spam contenido protegido por la libertad de expresión, lo que ha llevado a la habilitación de un mecanismo de apelación. Sin embargo, en la iniciativa no hay claridad de cuándo el spam atenta específicamente contra la paz o el orden público y deja abierta la interpretación.
Iniciativas similares han trascendido en otros países debido a que han generado controversia. En 2011, Francia lanzó una iniciativa para modificar el artículo 18 de la Ley para la Confianza en la Economía Digital (LCEN). Esta reforma otorgaba a los ministerios franceses la facultad de restringir contenido en línea “en caso de violación, o cuando exista un riesgo grave de violación, del mantenimiento del orden público, la protección de menores, la salud pública, la defensa nacional o la protección de las personas físicas”.
Félix Tréguer, del grupo de derechos digitales La Quadrature du Net, se opuso al proyecto al considerarlo como un intento de otorgar «un poder de censura sobre Internet que probablemente no tiene rival en el mundo democrático». Debido a las críticas, el entonces ministro de Industria y Economía Digital, Éric Besson, reformuló la propuesta.
Otro ejemplo de sobrregulación es la Ley de Ciberseguridad de China, cuyo objetivo es “proteger la seguridad nacional y los intereses públicos de China”. Esta ley ha sido criticada por imponer estrictos requisitos de localización de datos, vigilancia masiva y censura de contenido, lo que podría violar derechos de privacidad y libertad de expresión. Empresas extranjeras y activistas sostienen que la normativa otorga al gobierno chino herramientas para controlar la red y reprimir a disidentes políticos bajo el pretexto de la seguridad nacional.
China tiene un largo historial de represión política contra usuarios de interent a los que condena a varios años de prisión argumentado que incurren en subversion contra el Estado. En 2021, durante la pandemia, trascendió el caso de un usuario de WeChat, identificado solo como Li, quien fue detenido durante nueve días por la policía de Qingtongxia, en la región de Ningxia, por publicar un meme de un perrito vestido de policía.
En julio pasado, la periodista Huang Xueqin, defensora de mujeres víctimas de acoso, fue condenada por el Tribunal Intermedio de Cantón a cinco años de prisión por incitar a la subversión del poder estatal. El activista Wang Jianbing recibió una condena de tres años por el mismo delito.
