Con una votación de 353 votos a favor, 122 en contra y cero abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional que garantiza la prevalencia de la empresa pública del Estado en materia eléctrica. La modificación, que implica cambios a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, fue avalada por mayoría calificada y busca fortalecer el papel del Estado en la industria eléctrica, asegurando su control sobre la generación, distribución y comercialización de electricidad.
Principales cambios en la Constitución
La reforma, derivada de una iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal el 5 de febrero de 2024, introduce modificaciones a la Constitución:
- Artículo 25: La empresa eléctrica del Estado pasa de ser una «empresa productiva del Estado» a una «empresa pública del Estado», con la misión de garantizar la continuidad y accesibilidad del servicio eléctrico. Se establece que las leyes determinarán la participación de particulares en la industria eléctrica, aunque estos no podrán prevalecer sobre la empresa estatal.
- Artículos 27 y 28: Se recalca que las funciones exclusivas del Estado en áreas estratégicas, como la energía eléctrica, no constituirán monopolios. Además, se incorpora al litio y los servicios de Internet provistos por el Estado dentro de las actividades estratégicas que quedarán fuera de concesiones a privados.
Uno de los objetivos centrales de la reforma es asegurar la seguridad y autosuficiencia energética de México, además de garantizar que la electricidad llegue a la población al menor costo posible, evitando el lucro. La transición energética también se aborda como una prioridad, al encomendar al Estado la utilización sustentable de sus fuentes de energía y la reducción de emisiones contaminantes.
Proceso de discusión y reservas
Durante la sesión, se reservó la discusión en lo particular de la totalidad de los artículos del decreto, abriendo un espacio para futuras modificaciones específicas. El presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, destacó que la reforma también prioriza la creación de políticas científicas, tecnológicas e industriales para la transición energética y otros impactos ambientales.
Por otro lado, las mociones suspensivas presentadas por las diputadas Laura Irais Ballesteros (MC) y Miguel Ángel Monraz (PAN), que buscaban detener la aprobación del dictamen argumentando sus posibles efectos negativos en el costo de la electricidad y el medio ambiente, fueron desechadas por el Pleno.
Plazos para adecuaciones legales
El dictamen aprobado establece que el Congreso de la Unión tendrá un plazo de 180 días naturales, a partir de la entrada en vigor del decreto, para realizar las adecuaciones necesarias en las leyes secundarias. Además, se derogan los artículos transitorios de la reforma energética de 2013 que contravengan las nuevas disposiciones.
Esta reforma busca reforzar la soberanía energética de México, otorgando al Estado un control pleno sobre el sistema eléctrico, mientras que el papel de los privados en la industria será complementario, sin que su participación supere la preponderancia del Estado en el sector.