El Comité de Gremios de Transportistas de Perú ha declarado un paro nacional indefinido a partir del 11 de octubre, exigiendo la derogación de la controvertida Ley 32108 y el archivamiento de proyectos de terrorismo urbano. A pesar de las masivas movilizaciones y el respaldo popular, el Congreso se mantiene firme en su negativa, lo que ha llevado a los transportistas a intensificar sus protestas, incluyendo huelgas de hambre y una marcha hacia el Legislativo.
El Comité de Gremios de Transportistas de Perú anunció un paro nacional que se extenderá indefinidamente a partir del viernes 11 de octubre, exigiendo la derogación de la Ley 32108 y el archivamiento de los proyectos de terrorismo urbano. Esta decisión fue impulsada por la falta de respuesta del Congreso de la República de Peú ante las demandas del gremio, que considera que la ley favorece a los criminales.
👉 Hoy jueves 10 de octubre un sector del gremio de transportistas convocó un paro nacional para protestar contra la inseguridad ciudadana y exigirle al gobierno que implemente medidas drásticas.
📸 Fotos: Luis Borja/EXPRESO.
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— Diario Expreso (@ExpresoPeru) October 10, 2024
El jueves 10 de octubre, durante el primer día del paro, el Gobierno nacional decretó Estado de Emergencia en 14 distritos de Lima y Callao. Personal militar integrante de las Patrullas Alfa y Bravo del Grupo de Operaciones Terrestres de la FAP colaboró con la Policía Nacional de Perú (PNP) para mantener el control del orden interno en el distrito de Santiago de Surco, de acuerdo a lo dispuesto por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
La PNP implementó un operativo de seguridad en Lima, realizando traslados solidarios de personas desde diferentes vías para asegurar que llegaran a sus destinos.
Durante el segundo día de paro, un incidente violento se registró cuando una patrulla arrolló a un hombre y una mujer que intentaron cerrarle el paso, generando una fuerte respuesta de los manifestantes, quienes reaccionaron de manera agresiva y fueron reprimidos por la policía.
Este viernes, los dirigentes del gremio, encabezados por Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, se dirigieron al Congreso para buscar un acuerdo sobre la derogación de la ley cuestionada. Ante la negativa de la mayoría del Congreso, advirtieron que otros sectores, incluidos mercados y la minería legal, también podrían unirse al paro.
El Comité de Gremios de Transportistas responsabiliza al presidente Eduardo Salhuana y a la mayoría del Congreso por las consecuencias de sus acciones, y ha decidido llevar a cabo una huelga de hambre en la puerta del Congreso. Además, se planea la creación de una Coordinadora Nacional de Lucha para evaluar medidas de protesta de mayor envergadura.
