Amnistía Internacional instó al Senado mexicano a rechazar una reforma que elimina el control de convencionalidad, mecanismo clave para garantizar que las leyes nacionales respeten los tratados internacionales de derechos humanos. La organización advirtió que la propuesta, impulsada por el senador Adán Augusto López Hernández, pondría en riesgo la protección de los derechos fundamentales reconocidos en acuerdos internacionales.
Amnistía Internacional instó al Senado mexicano a votar en contra de una reforma que, según la organización, contraviene disposiciones internacionales y pone en riesgo los derechos humanos en el país. La preocupación principal gira en torno a la propuesta de eliminar el control de convencionalidad, una herramienta clave para asegurar que las leyes mexicanas se ajusten a los tratados internacionales de los que México es parte. De aprobarse esta reforma, los tribunales perderían la capacidad de defender los derechos humanos reconocidos en dichos tratados, lo que invalidaría prácticas nacionales alineadas con el corpus iuris interamericano y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
«¿Qué está en riesgo? La reforma que se discutirá hoy 𝐛𝐮𝐬𝐜𝐚 𝐞𝐥𝐢𝐦𝐢𝐧𝐚𝐫 𝐞𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐞𝐧𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝, una herramienta clave para garantizar que nuestras leyes respeten los tratados internacionales e interamericanos de los que el Estado Mexicano es parte.
Prácticas nacionales con el corpus iuris interamericano, y la jurisprudencia de la Corte IDH derivada tanto de casos contenciosos como de opiniones consultivas quedarían invalidadas. Sin esta protección, los tribunales no podrán defender los Derechos Humanos reconocidos en todos los tratados internacionales», indicó la organización.
La reforma, presentada por el senador Adán Augusto López Hernández, busca establecer la improcedencia de controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad contra adiciones o reformas a la Constitución Política, además de impedir que estas puedan ser controvertidas en tribunales. La iniciativa fue respaldada por el senador Gerardo Fernández Noroña y los diputados Ricardo Monreal Ávila y Sergio Gutiérrez Luna, todos del Grupo Parlamentario del Movimineto de Regeneración Nacional (Morena). La iniciativa reforma los artículos 1, 103, 105 y 107 de la Constitución Política.
López Hernández argumentó que las reformas constitucionales son el resultado de un proceso deliberativo especial que modifica los parámetros de validez del orden jurídico mexicano. Señaló que, aunque el Poder Judicial tiene la función de defender la Constitución, no puede modificarla ni impedir cambios constitucionales, ya que esta responsabilidad recae exclusivamente en el Poder Revisor de la Constitución. Según el legislador, los actos de este órgano no están sujetos a control judicial.
La iniciativa también propone que las normas relativas a los derechos humanos se interpreten conforme a la Constitución y a los tratados internacionales, pero deja claro que en ningún caso podrán ser inaplicadas mediante el control de convencionalidad. La propuesta fue turnada a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos para su análisis.
Amnistía Internacional advirtió que, de aprobarse esta reforma, los derechos humanos en México se verían gravemente vulnerados al eliminar una de las principales garantías de su defensa a nivel judicial.
