El Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) publicó hoy una contundente decisión sobre la política de esterilización forzada implementada en Perú durante la década de 1990, en que gobernó Alberto Fujimori, calificándola como una forma de violencia de género y discriminación interseccional. La conclusión se deriva de una denuncia presentada por cinco víctimas que fueron sometidas a estas prácticas coercitivas entre 1996 y 1997, en el marco de un programa estatal de control de natalidad.
En 1995, el presidente Alberto Fujimori anunció el Programa Nacional de Planificación Familiar prometiendo proporcionar métodos anticonceptivos seguros de forma gratuita. Sin embargo, solo fue un pretexto para que mujeres fueran sometidas a intervenciones quirúrgicas sin su consentimiento con el fin de esterilizarlas.
Se estima que solo un 30% de las mujeres afectadas contaban con el consentimiento previo, especialmente en zonas de bajos ingresos como los Andes y la Amazonía. Además, se fijaron objetivos numéricos y cuotas del 66% y el 38% para médicos en los estados de Amazonas y Ancash, respectivamente, obligándolos a realizar las cirugías. Al menos 300 mil peruanas fueron víctimas de la esterilización forzada durante esta época, la mayoría de ellas en el contexto del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (PNSRPF), financiado en gran parte por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).
Fujimori fue condenado por diversos delitos entre ellos, privación de libertad, asesinato con alevosía, secuestro agravado y lesiones graves tras ser hallado autor intelectual de las matanzas de Barrios Altos, en 1991, y La Cantuta, en 1992, que fueron perpetradas por el escuadrón del ejército Grupo Colina; también fue sentenciado por los secuestros de un empresario y un periodista.
La miembro del Comité, Leticia Bonifaz, destacó que las víctimas experimentaron un patrón de coerción, engaño y presión para someterse a procedimientos quirúrgicos realizados en clínicas sin la infraestructura y el personal adecuado. «Los procedimientos se realizaron sin el consentimiento informado de estas víctimas; incluso algunas de ellas, especialmente las de áreas remotas, no sabían leer o hablar español o no eran capaces de comprender completamente la naturaleza del procedimiento», afirmó Bonifaz.
Un caso ilustrativo es el de una mujer de Pichgas, Huánuco, quien fue interceptada en la calle por practicantes médicos en octubre de 1996. Tras ser trasladada a un centro médico a dos horas de su hogar, fue sedada sin haber firmado ningún documento. Al despertar, le informaron que había sido esterilizada sin que recibiera atención postoperatoria adecuada, lo que resultó en el abandono por parte de su esposo al descubrir la situación.
Las víctimas denunciaron que las esterilizaciones forzadas provocaron graves y duraderas consecuencias en su salud física y mental. Llevando su caso ante el Comité en 2020, afirmaron que Perú violó sus derechos al no realizar una investigación eficaz, carecer de rendición de cuentas y no proporcionar reparaciones adecuadas.
Aunque el Estado argumentó que el programa de esterilización era parte de una política de salud reproductiva más amplia, el Comité subrayó que más de 300 mil mujeres, principalmente indígenas y rurales, fueron esterilizadas forzosamente, en comparación con aproximadamente 25 mil hombres. La esterilización forzada se identificó como una forma de violencia de género, dado que los procedimientos varían significativamente entre hombres y mujeres en cuanto a intervención y riesgos asociados.
Además, el Comité destacó la naturaleza discriminatoria de la política, que afectó desproporcionadamente a mujeres de comunidades rurales y con escasos recursos económicos. Las víctimas informaron que fueron tratadas como ganado, siendo forzadas a subir a camiones para ser llevadas a centros de salud temporales, donde fueron sometidas a prácticas inhumanas.
El Comité instó al gobierno peruano a acelerar las investigaciones sobre estas violaciones y a establecer un programa integral de reparaciones para las víctimas. También expresó su preocupación por una reciente ley promulgada en agosto que impide la persecución de crímenes de lesa humanidad cometidos antes de 2002, recordando que tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como la Oficina de Derechos Humanos de la ONU han instado a Perú a anular esta ley por contradecir el derecho internacional.
La decisión del CEDAW no solo revela la magnitud de las violaciones a los derechos humanos en Perú, sino que también subraya la necesidad urgente de justicia y reparación para las víctimas de esta política devastadora.
