James Gomes, ex gerente de sucursal de una institución financiera internacional, fue condenado a 13 meses de prisión y tres años de libertad supervisada por robar cerca de $208,938.68 de las cuentas de un cliente. Según la fiscalía, Gomes utilizó su posición para acceder a las cuentas, transferir fondos a sus propias cuentas personales y encubrir su fraude mediante tácticas digitales, incluso después del fallecimiento del cliente.
James Gomes, un ex gerente de sucursal de 43 años de una institución financiera internacional en Nueva York, fue sentenciado ayer a 13 meses de prisión y tres años de libertad supervisada por haber utilizado su posición para robar aproximadamente 208 mil 938.68 dólares de las cuentas de un cliente. Además, se le ordenó restituir el monto total y entregar las ganancias obtenidas ilegalmente.
Según los documentos judiciales, entre enero y abril de 2020, Gomes empleó tácticas fraudulentas para acceder a las cuentas del cliente, vinculando su número de teléfono personal y registrando las cuentas en servicios bancarios en línea sin autorización. En marzo y abril de 2020, transfirió los fondos robados a sus propias cuentas personales y de inversión en otras instituciones financieras. Para ocultar sus actos, creó una dirección de correo electrónico falsa que incluía el nombre del cliente y simuló conversaciones entre esa dirección y su propio correo oficial de la institución, lo que daba la impresión de una comunicación legítima con el cliente. Gomes continuó con estas actividades fraudulentas incluso después de que el cliente falleciera el 5 de abril de 2020.
El caso fue anunciado por Nicole M. Argentieri, fiscal general adjunta y jefa de la División Penal del Departamento de Justicia, junto con el fiscal federal Philip R. Sellinger para el Distrito de Nueva Jersey.
La investigación estuvo a cargo de la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos y la Oficina del Inspector General de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos, con apoyo del Departamento de Policía de Morristown. La acusación fue liderada por los abogados litigantes D. Zachary Adams y Chelsea R. Rooney de la Sección de Lavado de Dinero y Recuperación de Activos (MLARS) de la División Penal, junto con el fiscal federal adjunto Mark J. Pesce.
El caso destaca el trabajo de la Unidad de Integridad Bancaria del MLARS, que desde su fundación en 2010 investiga a empleados y altos funcionarios de instituciones financieras cuyas acciones puedan afectar la integridad del sistema bancario. La unidad ha impuesto multas de más de $25 mil millones por violaciones como lavado de dinero y sanciones, lo que demuestra el compromiso de las autoridades para proteger la seguridad del sistema financiero en Estados Unidos.
