Telefónica Venezuela pagará 85.2 millones de dólares tras admitir sobornos a funcionarios en Venezuela para obtener acceso preferencial a dólares, según un acuerdo con el Departamento de Justicia de EU.
Telefónica Venezuela, subsidiaria de Telefónica SA en España, acordó pagar una multa de más de 85.2 millones de dólares tras ser acusada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de participar en un esquema de sobornos para obtener acceso preferencial a dólares estadounidenses en una subasta de divisas. La empresa firmó un Acuerdo de Procesamiento Diferido (DPA) con la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, admitiendo su responsabilidad en el caso.
Según el acuerdo, la filial venezolana conspiró para violar las disposiciones antisoborno de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), entregando pagos ilícitos a funcionarios gubernamentales venezolanos para obtener dólares estadounidenses. Estos sobornos se llevaron a cabo a través de intermediarios que compraban equipos a precios inflados de dos proveedores. Así, Telefónica Venezuela obtuvo acceso a más de 110 millones de dólares en divisas durante una subasta de 2014, con lo que consolidó su posición en el mercado venezolano.
Nicole M. Argentieri, jefa de la División Penal del Departamento de Justicia, señaló que la subsidiaria «decidió apoyar a un régimen corrupto para sortear las dificultades de realizar negocios legales en Venezuela». El fiscal Damian Williams, responsable de la investigación, condenó el uso del sistema financiero estadounidense para canalizar los sobornos a través de cuentas bancarias en EU.
Como parte de su acuerdo con el Departamento de Justicia, Telefónica Venezuela y su matriz han aceptado cooperar con cualquier investigación penal futura y reforzar sus programas de cumplimiento, incluida la creación de una función independiente de cumplimiento anticorrupción. Además, han implementado controles internos para transacciones sospechosas y medidas de auditoría que mitiguen los riesgos de corrupción.
Esta resolución representa un esfuerzo conjunto entre el IRS-CI, el Departamento de Justicia, Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) y otros organismos internacionales para combatir la corrupción.
