Siete agentes de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Hermosillo fueron imputados por los delitos de cohecho e incumplimiento de un deber legal, en el marco de las investigaciones relacionadas con el caso de Natanael Cano. Este incidente, registrado en marzo pasado, cobró notoriedad por la difusión de imágenes en redes sociales que evidenciaron posibles actos de corrupción.
En audiencia ante un juez, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) presentó las imputaciones contra Luis Manuel “N”, Jesús Alberto “N”, Isaac Francisco “N”, Arturo “N”, José Raúl “N”, José Alberto “N” y Guillermo “N”. Los señalados solicitaron la ampliación del plazo constitucional para definir su situación jurídica, quedando sujetos a diversas medidas cautelares, como presentarse mensualmente ante la autoridad, pagar una garantía económica de 15 mil pesos, permanecer dentro del Distrito Judicial y la suspensión temporal de sus funciones.
Dos episodios de omisión y cohecho
El primer incidente ocurrió el 26 de marzo de 2024, entre las 00:18 y 00:30 horas, cuando los oficiales Luis Manuel “N” y Jesús Alberto “N” presuntamente recibieron dinero de Natanael Cano para evitar sancionarlo por maniobras peligrosas con un vehículo Dodge Charger. El conductor realizaba prácticas prohibidas como “quemar llantas” y acelerar en marcha detenida, acciones que violan la Ley de Tránsito del Estado de Sonora.
Dos días después, en la madrugada del 28 de marzo, los agentes Isaac Francisco “N”, Arturo “N”, José Raúl “N”, José Alberto “N” y Guillermo “N” tampoco detuvieron ni infraccionaron al mismo conductor, quien conducía sin placas, a exceso de velocidad y realizando maniobras conocidas como “donas” en la vía pública. Aunque lograron detenerlo brevemente en el residencial La Jolla, los policías permitieron que huyera tras recibir dinero y ser agredidos verbalmente.
Declaración de la FGJES
La Fiscalía subrayó su compromiso con la lucha contra la corrupción y el incumplimiento de la ley entre servidores públicos, reiterando que ningún funcionario está exento de enfrentar las consecuencias legales por actos que atenten contra los derechos y la seguridad de la ciudadanía.
El caso sigue en proceso, mientras se espera la resolución sobre la vinculación a proceso de los imputados.