El caso de Marilyn Cote, acusada de ejercer como psiquiatra sin contar con los estudios ni credenciales necesarias, ha generado indignación en Puebla y motivado la creación de la llamada “Ley Marilyn Cote”. La iniciativa, propuesta por la diputada local Grace Palomares, busca endurecer las sanciones contra la usurpación de profesión, aumentando las penas a seis años de prisión y fortaleciendo los mecanismos de verificación profesional para proteger a la ciudadanía.
El caso de Marilyn Cote, acusada de ejercer como psiquiatra sin contar con los estudios ni credenciales necesarias, sigue generando impacto en Puebla y ha dado pie a una iniciativa legislativa para combatir la usurpación profesional. La diputada local Grace Palomares, de Morena, presentó la llamada Ley de Iniciativa de Usurpación de Profesión, apodada en redes como “Ley Marilyn Cote”.
La propuesta busca endurecer las sanciones contra quienes se hacen pasar por profesionistas sin la preparación adecuada, aumentando la pena por usurpación de profesión a seis años de prisión y exigiendo una respuesta más expedita de las autoridades ante denuncias. “Es importante para la sociedad sancionar severamente a quien se hace pasar por profesionistas sin contar con la preparación o los títulos necesarios para ejercer su labor. Las implicaciones van más allá del tema legal, afectan a la salud de los habitantes”, explicó Palomares.
Contexto del caso Cote
El caso de Marilyn Cote salió a la luz pública el 5 de noviembre, cuando la cuenta de Twitter Charlatanes Médicos denunció que una falsa psiquiatra ejercía en Puebla. Según las investigaciones, Cote prometía “curar” depresión y ansiedad en tan solo ocho días, una práctica que, según expertos, podría poner en grave riesgo la salud y la vida de las personas tratadas.
La Fiscalía General de Puebla ha recibido cinco denuncias formales en su contra, una de las cuales involucra a Bryant, un joven que buscó su ayuda y terminó trabajando como su asistente bajo condiciones de abuso. A pesar de un cateo realizado en el consultorio de Cote, donde se encontraron pruebas de falsificación de documentos, las acciones legales han sido lentas, lo que ha generado preocupación por una posible fuga de la acusada.
Casos similares impulsan la legislación
La diputada Palomares destacó que la propuesta también responde a otros casos de usurpación profesional en Puebla, como el de un juez penal en Cholula que ejerció durante 30 años con un título y cédula falsificados. La iniciativa subraya la necesidad de proteger a la ciudadanía frente a quienes ponen en riesgo su salud, economía y bienestar con prácticas fraudulentas.
Alcances de la Ley Marilyn Cote
De aprobarse, la reforma establecería penas más severas y obligaría a las instituciones responsables, como la Secretaría de Educación Pública (SEP) y Cofepris, a implementar mecanismos de verificación más rigurosos. Además, busca agilizar las investigaciones para evitar que las denuncias caigan en el rezago judicial.
El caso Cote se ha convertido en un emblema de la urgencia por regular y sancionar prácticas que afectan la confianza en los servicios profesionales. Miles de personas ya han firmado una petición en Change.org exigiendo justicia para las víctimas de la acusada, y la discusión legislativa sobre la “Ley Marilyn Cote” representa un paso clave hacia la prevención de futuros fraudes.
La propuesta será analizada en el Congreso local en las próximas semanas, con la esperanza de que su aprobación brinde mayor seguridad a la ciudadanía.
