Un informe del Congreso de EE.UU. revela cómo la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA) amplió sus funciones para vigilar y censurar discursos en redes sociales, utilizando a Big Tech y organizaciones intermediarias para evadir restricciones constitucionales.
En junio de 2023, un informe publicado por el Comité Judicial y el Subcomité Selecto sobre la Instrumentalización del Gobierno Federal reveló que la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA) habría pasado de ser una agencia destinada a proteger infraestructuras críticas a convertirse en una herramienta de cibervigilancia y censura.
La investigación detalló cómo CISA colaboró con gigantes tecnológicos, como Twitter (hoy X), y organizaciones no gubernamentales para identificar y suprimir publicaciones consideradas desinformación. Este enfoque habría violado potencialmente la Primera Enmienda de la Constitución de EU, que protege la libertad de expresión.
La Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA, por sus siglas en inglés), creada en 2018 para proteger la infraestructura crítica de Estados Unidos contra amenazas cibernéticas, originalmente, tenía la misión de proteger infraestructuras críticas como sistemas de transporte, energía y telecomunicaciones. Sin embargo, su enfoque cambió drásticamente al incluir la monitorización de desinformación en redes sociales, tanto de actores extranjeros como nacionales. Según el informe, esto incluyó actividades de censura a través de terceros para eludir restricciones legales.
En 2020, CISA creó un equipo de trabajo sobre Misinformación, Desinformación y Malinformación (MDM) y reportó publicaciones directamente a plataformas como Facebook y Twitter, un proceso conocido como «switchboarding» («conmutador»). Además, consideró desarrollar un equipo de respuesta rápida para intervenir físicamente en jurisdicciones locales que enfrentaran “amenazas informativas”.
Colaboración con grandes empresas tecnológicas
El informe reveló que CISA trabajó estrechamente con Big Tech y organizaciones como el Centro para la Seguridad de Internet (CIS) para gestionar informes de desinformación. Estas colaboraciones incluían la creación de portales para que funcionarios gubernamentales pudieran reportar contenido directamente a plataformas sociales. En el ciclo electoral de 2020, CISA delegó estas funciones al CIS, que a su vez canalizó informes de «desinformación» a empresas tecnológicas.
Figuras Clave
Entre los nombres involucrados destacan Kate Starbird, profesora asociada de la Universidad de Washington y presidenta del Subcomité MDM; Vijaya Gadde, exdirectora legal de Twitter, conocida por su papel en la censura de la historia sobre la laptop de Hunter Biden; y Suzanne Spaulding, exconsejera legal de la CIA. Estas figuras desempeñaron un papel central en el desarrollo y ejecución de las estrategias de censura.
Censura por Intermediarios
Para eludir restricciones legales, CISA externalizó parte de sus actividades a organizaciones como el Centro para la Seguridad en Internet (CIS) y la Elección de Infraestructura ISAC (EI-ISAC). Estas entidades actuaron como intermediarias para reportar publicaciones a las plataformas, disfrazando el papel del gobierno en la vigilancia de contenidos.
Encubrimiento y Temores Internos El informe también expuso que CISA habría intentado ocultar evidencia de sus prácticas, borrando referencias a actividades domésticas en sus páginas web y trasladando funciones de monitoreo a terceros. Además, revela intercambios internos donde miembros del subcomité expresaron su preocupación por la exposición pública de su trabajo.
El Comité Judicial destacó que etiquetar contenido como «desinformación» no elimina su protección bajo la Primera Enmienda. Además, el informe advierte sobre los riesgos de permitir que el gobierno actúe como árbitro de la verdad, subrayando que muchas de estas decisiones son intrínsecamente subjetivas y políticas.
Miembros del comité asesor de CISA y expertos en tecnología han expresado su preocupación por la percepción de que la agencia influye en narrativas públicas. Incluso ejecutivos de empresas tecnológicas criticaron estas prácticas, calificándolas de riesgosas para la confianza pública.
Encubrimiento y cambios internos
Frente a las críticas públicas y demandas legales, CISA eliminó referencias en su sitio web sobre su enfoque en la desinformación nacional y ajustó su discurso público. Según el informe, estas acciones reflejan un intento de encubrir actividades inconstitucionales y evitar el escrutinio público.
