El gobierno de Donald Trump suspendió a altos funcionarios de seguridad de USAID tras negarse a compartir material clasificado con un equipo vinculado a Elon Musk. La medida, que forma parte de una reestructuración mayor para colocar la agencia bajo control del Departamento de Estado, ha generado preocupaciones sobre el impacto en la ayuda humanitaria global.
Los miembros del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), vinculado a Musk, finalmente obtuvieron acceso el sábado a la información clasificada de la agencia, que incluye informes de inteligencia, según el exfuncionario. Sin embargo, la tripulación de DOGE carecía de una autorización de seguridad lo suficientemente alta, lo que llevó a que los jefes de seguridad de USAID, John Vorhees y su adjunto Brian McGill, denegaran el acceso.
Según las fuentes, ambos funcionarios fueron puestos en licencia administrativa por su negativa a compartir los documentos. Otros empleados de la agencia también fueron afectados, con casi 100 funcionarios de carrera suspendidos en la última semana. Casi 30 miembros de la oficina de Asuntos Públicos y Legislativos perdieron el acceso a sus correos electrónicos de manera abrupta.
La situación ha generado reacciones a nivel político. Elon Musk comentó en su red social X que «USAID es una organización criminal. Es hora de que muera«, mientras que la Casa Blanca no ha respondido a las solicitudes de comentarios.
El hecho ocurre un día después de que DOGE realizara una operación similar en el Departamento del Tesoro, obteniendo acceso a información confidencial, incluidos los sistemas de pago de clientes de Seguridad Social y Medicare.
La medida de la administración Trump parece estar alineada con su intención de abolir la independencia de USAID y colocarla bajo el control del Departamento de Estado. El presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Brian Mast, respaldó la iniciativa, argumentando que es necesario «más comando y control» sobre la agencia.
La reestructuración se produce en un momento de incertidumbre sobre el futuro de la ayuda humanitaria estadounidense. Trump ordenó la congelación de casi toda la ayuda exterior y aseguró que su administración revisará el gasto para garantizar que se alinee con la política de «Estados Unidos primero».
La medida ha generado preocupación a nivel internacional, ya que la congelación de fondos podría afectar programas críticos como los hospitales de campaña en campos de refugiados, la limpieza de minas terrestres en zonas de guerra y la distribución de medicamentos para el tratamiento de enfermedades como el VIH.
A pesar de la controversia, la administración Trump continúa defendiendo sus acciones, argumentando que la purga de funcionarios y la restructuración de USAID son pasos necesarios para garantizar la seguridad nacional.
