Encinas culpa al narcoestado, a las fiscalías, a autoridades, a periodistas en crisis de violencia contra la prensa

Encinas culpa al narcoestado, a las fiscalías, a autoridades, a periodistas en crisis de violencia contra la prensa

El debilitamiento del Estado de Derecho es tan grave que la vinculación entre el crimen organizado y funcionarios públicos se ha consolidado como el principal factor de agresión a periodistas y activistas en el país, afirmó Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos. 

Durante el Foro de la Libertad de Expresión que fue organizado por Artículo 19 y la Embajada de Noruega en México, Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos reconoció que la situación de los periodistas en México es crítica y propuso como solución, una reforma de Ley para fortalecer al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Durante el evento, Encinas refirió que las fiscalías han fallado en investigar, las secretarías de seguridad en prevenir, el crimen organizado se ha coludido con las autoridades para agredir y asesinar a periodistas.  Y en este contexto, hay confusión de cuáles son las verdaderas funciones del mecanismo; incluso atribuyó parte de la responsabilidad a los periodistas que se han negado a recibir la protección de este instrumento e indicó que se requiere de una reforma de Ley para reforzarlo. Asimismo, indicó que el problema no es nuevo, sino que data del periodo del sexenio del expresidente Felipe Calderón

El subsecretario destacó que el problema de la violencia e inseguridad que padecen los periodistas en México no es un problema nuevo, sino que se arrastra desde hace décadas y se ha agravado al punto en que las agresiones, amenazas y homicidios en contra de comunicadores, activistas y defensores de Derechos Humanos (DDHH), son llevada a cabo por grupos delictivos que están coludidos con funcionarios, en un evidente narcoestado.

«Quisiera de manera muy puntual, destacar que el fenómeno que estamos enfrentando, es mucho mas complejo de lo que hasta ahora se ha venido exponiendo aquí. No es un fenómeno nuevo, lo venimos arrastrando desde hace (inaudible) décadas. Que ha tenido manifestaciones y expresiones cada vez mas complejas por involucramiento de distintos actores en las acciones de agresión, violencia y homicidio a los periodistas. Donde en muchas ocasiones, lo que esta en disputa no solamente es el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, sino en el caso del derecho a defender DDHH, a la confrontación con grupos delictivos y con grupos enquistados en las instituciones publicas, que se han convertido en el principal factor de agresión y de intolerancia ante los medios de comunicación, y los periodistas», indicó el subsecretrario.

NARCOESTADO

Frente al incremento de homicidios de periodistas, que al corte de marzo suman 9 asesinatos en este año, Alejandro Encinas advirtió que uno de los principales factores de la violencia es la complicidad entre
agentes de la delincuencia organizada y del estado mexicano. El debilitamiento del Estado de Derecho es tan grave que la vinculación entre el crimen organizado y funcionarios públicos se ha consolidado como el principal factor de agresión a periodistas y activistas en el país.

En el 45 por ciento de las agresiones, están implicados agentes del Estado que pertenecen a administraciones del segundo y tercer orden de Gobierno, afirmó el subsecretario. Esto grupos actúan con impunidad, e incluso suplantan a las autoridades, no solo con el interés de silenciar voces, también participan en acciones de control de territorio que han sido causales de asesinatos, sobre todo de activistas.

Frente a esta problemática la tendencia no ha cambiado desde hace 16 años, y en tres sexenios con transición política, no se ha logrado contener, y mucho menos revertir, admitió Encinas.

«LAS FISCALÍAS HAN ABDICADO DE SU RESPONSABILIDAD»

Durante su participación en la conferencia, Alejandro Encinas también atribuyó los fallos del mecanismo a una malinterpretación de sus alcances. Al considerarse un instrumento reactivo, se le dotó de tareas para intervenir en la prevención del delito, labor que le corresponde a las autoridades de seguridad locales y federales. Asimismo, señaló que el mecanismo no tiene competencia para iniciar investigaciones, las cuales, deben ser llevadas a cabo por las fiscalías especializadas.

En este contexto, Encinas condenó que las fiscalías locales han intentado abdicar de su responsabilidad y han recargado funciones en el mecanismo por lo que ha prevalecido la inacción para investigar y castigar a los responsables de asesinatos a periodistas.

Entre los pendientes en esta materia, señaló que se requieren políticas preventivas que insten a las autoridades de los tres niveles de gobierno a definir sus competencias y responsabilidades, así como replantear los términos de intervención de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) y las fiscalías locales, para que garanticen la protección a periodistas.

Según el funcionario la subsecretaría no cuenta con un diagnóstico de la situación, aunque se han llevado a cabo trabajos en conjunto con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para llevar a cabo recomendaciones que no son suficientes.

Según Encinas, la solución más importante rescinde en la promoción de una iniciativa de reforma de Ley que establezca las competencias de las autoridades y refuerce el mecanismo actual.

MECANISMO Y ACTORES

Otra de las problemáticas que el subsecretario aseguró que pone en riesgo a periodistas que ya están bajo la protección del mecanismo, es que no siguen los protocolos de actuación para evitar riesgos. En el caso de Armando Linares, director de Monitor Michoacán, quien fue asesinado este martes al interior de su domicilio, el mecanismo falló, pero Encinas señaló que el afectado se habría negado a aceptar la ayuda.

El asesinato de Linares fue llevado a cabo semanas después de que Roberto Toledo, también colaborador de este medio, fue ultimado a balazos. En este caso trascendieron las acciones de revictimización emprendidas desde el Estado, luego que se le negó la categoría de periodista.