Los últimos hallazgos del GIEI apuntan a que la Sedena participó más de lo que ha reportado en el caso Ayotzinapa, además de que reafirman versiones como la de la existencia de un centro de inteligencia que operaba el Ejército la noche del 26 de septiembre y de una posible ruta mediante la que trasladaron a 17 de los 43 normalistas.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó su tercer y último informe sobre el caso Ayotzinapa. Mediante una rueda de prensa, revelaron nuevos detalles sobre la comunicación que habrían sostenido militares y miembros de corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno, durante las horas críticas en que ocurrió la desaparición de los 43 estudiantes, la noche del 26 de septiembre del 2014.
De acuerdo con los investigadores, tanto la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), como otros actores, omitieron información que revelaría la existencia y operación del Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CFRI) desde el 2014, así como documentos y comunicaciones que se establecieron entre distintos mandos militares y de seguridad pública, en los que se tuvo conocimiento de una posible ruta mediante la que trasladaron a 17 de los 43 normalistas, así como de los responsables de su secuestro.
Gildardo López Astudillo, «El Gil«, fue señalado como uno de los principales sospechosos de la desaparición forzada. Fue arrestado en septiembre del 2015, señalado por secuestro y delincuencia organizada. Sin embargo, fue absuelto en 2019 debido a que el Ministerio Público Federal no pudo probar su vinculación en el caso.
La Comisión de la Verdad reveló que el Ejército había interceptado comunicaciones de El Gil en las que el sospechoso habría solicitado al segundo comandante de la policía municipal de Iguala, Francisco Salgado Valladares, que le entregara algunos estudiantes en Pueblo Viejo, Guerrero y también habría mencionado la existencia de fosas clandestinas.
En la última actualización de la investigación independiente, Ángela Buitrago reveló que un documento, con fecha del 6 de octubre del 2014, identificado como «acuerdo 030281», que habría sido expedido por la subjefatura de inteligencia, adscrita a la jefatura del Estado Mayor de la Defensa Nacional, describe que el 26 de septiembre del 2014, el comandante de la policía de Iguala informó a El Gil que los estudiantes habían ingresado a Iguala y que había detenido a 17 personas. En el documento se señala que El Gil pidió que se trasladaran a los detenidos a una brecha cerca de Pueblo Viejo, para que fueran emboscados en las afueras de Mezcala. Sin embargo, la investigadora sostuvo que la Sedena niega la existencia de esta dependencia.
«Derivado del seguimiento a la organización delictiva los GU, el 26 de septiembre del 2014, FSD, segundo comandante de la policía municipal de Iguala informó a Gilberto, alias el Gil, jefe de dicha organización delictiva que la gente que había entrado a Iguala era de Ayotzinapa. Estaban trasladándose encapuchados y tenían 17 detenidos, de los cuales, no informó. Al respecto, Gil le ordenó que trasladara a los detenidos a la brecha de Los Lobos, por el camino a Pueblo Viejo y le dijera a FF -Felipe Flores-, director de seguridad pública, que avisara a su compadre (se desconoce) que los detuviera a las afuera de Mezcala, pues ya les tenía preparada una emboscada», dijo la investigadora.
Otro documento de la Sedena reveló que el 4 de octubre del 2014, la policía municipal de Iguala tuvo conocimiento de la localización de unas fosas clandestinas y de que posiblemente había un arreglo entre El Gil y el gobierno estatal. De acuerdo con este informe, la policía ministerial solicitó a Ramón línea con El Gil para que liberara a 10 estudiantes.
«4 de octubre del 2014. Emiliano Alejandro Benitez Palacios, alias «El Cholo Palacios», jefe de la plaza de Iguala, comentó con Ramón, (posible autoridad de Tepecoacuilco), lo siguiente: que ya localizaron las fosas de El Gil, que posiblemente algún policía de los detenidos informó sobre lugar. Comentan posiblemente de un arreglo entre el Gobierno estatal y El GIl, ya que el 3 de octubre el ministerial le pidió a Ramón línea con Gil para que soltara 10 estudiantes y calmara un poco la tensión», afirmó la investigadora del grupo interdisciplinario.
Los investigadores del GIEI exhibieron el documento de la Sedena en el que se tiene conocimiento de esta versión desde los primeros días en que ocurrieron los hechos. Sin embargo, ocultaron esta información en 2019 cuando el Gil fue absuelto por falta de pruebas.
Buitrago también explicó que un documento revela que un sujeto llamado Ramón le informó a El Cholo Palacios que había escondido a El Gil en una cueva hasta el 5 de octubre, en que lo trasladaría a otra ubicación.
«Ramón, le indica a El Cholo Palacios que él tiene escondido a Gil en una cueva en el cerro, pero que el 5 de oct del 2014 se lo llevó para que estén juntos con El Cholo Palacios, pero que el 5 de octubre se lo llevara a un lugar que menciona que anda en el cerro de Teperilla y ahí se pierde la señal», afirmó Buitrago.
COMUNICACIÓN ENTRE SEDENA Y POLICÍAS
El investigador Carlos Berinstain señaló que los hallazgos del último informe reiteran la implicación y participación de todas las corporaciones del Estado en la desaparición de los 43 normalistas.
Durante la noche de Iguala, se registraron 2 mil 700 ingresos al C4, un centro de monitoreo de seguridad en el que, según el GIEI, estaban interconectados miembros de la Sedena y policías de los tres órdenes de Gobierno. Los investigadores del GIE registraron más de mil llamadas telefónicas, de las cuales, analizaron 500 que se realizaron en las horas críticas de la desaparición de los jóvenes.
En estas llamadas se comprobó que la Sedena tuvo conocimiento de lo qué ocurrió minuto a minuto la noche del 26 de septiembre, versión que la dependencia ha negado, sostuvieron los investigadores.
La comunicación entre Sedena y el C4 fue intensa y bidireccional. Según el GIEI, el C4 y el Batallón número 27 se comunicaron por un sistema de información e inteligencia del cual se realizaron 3 mil 900 registros que narran minuto a minuto la movilización en Iguala en torno a los estudiantes.
De acuerdo con la información que obtuvieron los investigadores, la Sedena reportó a sus subalternos la desaparición de los estudiantes, y la actividad de otros actores. El batallón 27 se habría comunicado con las comandancias de Iguala, Cocula, con el Ayuntamiento de Iguala, con la 9na Región Militar, y la número 35, con el comandante del 27vo batallón y con varios soldados. La intensidad de estas comunicaciones fue relevante, informó el GIEI.
El GIEI también sostuvo que la Sedena habría establecido comunicación con radiotaxis y personas que no se han logrado identificar, además de sedes del Ejército no institucionalizadas, por lo que piden a la Fiscalía General de la República (FGR) que actúe al respecto.
POLICÍAS EN LA ESCENA
También tienen información de que la Secretaría de Seguridad Pública estableció comunicación con agentes de tránsito de Iguala y automotores, una oficina que hacía negociaciones de vehículos y que según los investigadores, tendría que ser investigada con relación a los hechos.
Mediante seguimiento referencial, el GIEI obtuvo constancia de 11 estudiantes que viajaban a bordo de un autobús que fue interceptado por policías federales, quienes los detuvieron y llevaron con rumbo a Chilpancingo.
Durante el ataque contra los jóvenes, la Sedena movilizó a sus miembros en la zona centro de Iguala, esto habría sido constatado por un perito experto en telecomunicaciones. Sin embargo, el Ejército negó participar de esa manera. También se encontraron pruebas de que la Sedena estuvo presente en instalaciones de la policía municipal, información que no ha ratificado la dependencia.
En esta última entrega, también se señala la participación del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), que fue clausurado en el 2018. De acuerdo con Berinstain, el Cisen monitoreó las actividades de los jóvenes. Existen dos informes con fecha del 26 de septiembre del 2014, que nuevamente revelan que el Estado tenía conocimiento de la llegada de los estudiantes a Iguala y de la toma de autobuses en la central camionera.
En uno de los informes del Cisen se señala la presencia de un agente en la calle Juan N. Álvarez, que realizó un recorrido a pie. Un testigo protegido sostuvo que el agente no se retiró del lugar por amenazas, como había señalado, y que observó la represión que ocurrió en esa zona.
El Cisen también ocultó su participación en interrogatorios. Sin embargo, en las grabaciones de estos aparece un agente del Cisen, junto a Tomás Zerón, extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).
Los documentos que el CRFI habría emitido y cuya existencia es negada por la Sedena para septiembre del 2014, revelan, de acuerdo a los investigadores, que durante la noche de Iguala hubo comunicación entre varios regimientos.
Los investigadores también encontraron información que revela que la Policía Ministerial estuvo en el Palacio de Justicia y que algunos de sus miembros realizaron más de cien llamadas por teléfono durante el operativo.
Tras su salida del país, el GIEI denunció que la información que han recibido es parcial y que el Ejército continúa en su negativa de proporcionar documentos requeridos por los investigadores.
