Gómez Arrieta era ex titular de la Policía Federal Ministerial y desde 18 de marzo existía una orden de aprehensión en su contra por su probable participación en los hechos de tortura y desaparición forzada contra algunos de los detenidos por el caso.
Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación informó al presidente Andrés Manuel López Obrador y a los familiares de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, que Carlos Gómez Arrieta, probable involucrado en la desaparición de los jóvenes, se entregó de manera voluntaria a la Fiscalía General de la República (FGR).
Gómez Arrieta era ex titular de la Policía Federal Ministerial y desde 18 de marzo existía una orden de aprehensión en su contra por su probable participación en los hechos de tortura y desaparición forzada contra algunos de los detenidos por el caso.
En la reunión participaron de manera virtual el Fiscal General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero; y el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
El exfuncionario había negado su participación en la desaparición y tortura de los jóvenes normalistas en el momento en que se giró la orden de aprehensión.
“Sí giraron la orden de aprehensión, estoy atento y me voy a defender con las garantías constitucionales que deben ser. Yo lo único que aclaro, es que yo no estuve en Iguala, yo no participé en la desaparición”, afirmó Gómez Arrieta a Grupo Fórmula.
El 26 de septiembre de este año se cumplen seis años de la desaparición de los jóvenes y el Gobierno federal prepara un informe con los avances de la investigación para esa fecha.
En julio pasado, Omar Gómez Trejo, titular de la Unidad para el caso Ayotzinapa, dio a conocer que un análisis realizado por la Universidad de Innsbruck, en Austria arrojó que los restos óseos encontrados en la barranca de Cocula correspondían Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, uno de los 43 estudiantes desaparecidos.
Con este hallazgo se derribó la llamada «verdad histórica» que Jesús Murillo Karam, exprocurador General de la República había dado a los medios de comunicación respecto a que los jóvenes habían sido asesinados y sus cuerpos incinerados en un basurero.
