En lo que va del 2020, la CIDH documentó otros tres casos de periodistas asesinados en México antes de que fuera ejecutado Valdivia, según el organismo, los móviles de estas ejecuciones podrían estar vinculados a su labor informativa.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió a las autoridades del estado de Veracruz y de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) de la Fiscalía General de la República (FGR) que investiguen de manera «coordinada, completa, efectiva e imparcial» el asesinato del periodista Julio Valdivia Rodríguez, del Diario El Mundo de Córdoba, ocurrido el 9 de septiembre en el municipio de Tezonapa.
A través de un comunicado, la CIDH pidió al Gobierno de México que investigue de manera exhaustiva este caso y determine si la actividad periodística de Valdivia pudo estar relacionada con el móvil de su ejecución.
«La Relatoría llama al Estado mexicano a investigar de forma completa, efectiva e imparcial este crimen, esclarecer sus móviles, y determinar judicialmente la relación que pudieran tener con la actividad periodística y la libertad de expresión», expresa el comunicado.
Tras el asesinato del comunicador, la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) señaló que Valdivia no había solicitado medidas especiales de protección debido a que no había sido amenazado ni agredido de manera previa.
Sin embargo, el asesinato del veracruzano ocurrió en un contexto de alto riesgo en el que la actividad periodística se encuentra seriamente comprometida por la inseguridad, lo que ha despertado preocupación en la CIDH.
En lo que va del 2020, la CIDH documentó otros tres casos de periodistas asesinados en México antes de que fuera ejecutado Valdivia, según el organismo, los móviles de estas ejecuciones podrían estar vinculados a su labor informativa.
El 2 de agosto, el organismo emitió un posicionamiento por el asesinato del periodista Pablo Morrugares en Guerrero. Dos meses antes de que ocurriera este crimen, fue asesinada María Elena Ferral en Veracruz y Jorge Miguel Armenta Ávalos en Sonora. La CIDH indicó que en los casos de asesinatos de periodistas, no debería descartarse a priori la posible vinculación de las causas de sus ejecución con su labor periodística.
