El caso de Victoria Salazar es solo uno entre cientos de brutalidad policiaca que trascienden en un clima de normalización de la tortura en México. Las policías locales violentan los Derechos Humanos con el pretexto de arrestar, obtener información o confesiones.
De acuerdo con el Inegi, en 2016, dos de cada tres personas que se encontraban encarceladas fueron arrestadas con violencia. El momento más peligroso es entre la detención y la presentación en el Ministerio Público, periodo en el que es habitual que se traslade a los detenidos a sitios ilegales.
México padece una crisis de Derechos Humanos que a pesar del cambio de poderes no ha tenido tregua. Aunque hay esfuerzos desde el poder legislativo, como la aprobación de la Ley General de Víctimas, la Ley Nacional del Uso de la Fuerza y Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura, el Estado mantiene protagonismo en la comisión de violaciones en esta materia.
Las violaciones a Derechos Humanos prevalecen en un contexto de violencia, revictimización, impunidad y un decadente sistema penal que se caracteriza por la aplicación ineficiente de los protocolos con intentos para homologarse que en la práctica no se materializan.
Muestra de esto son dos sucesos que este fin de semana evidenciaron que lejos de avanzar en la procuración de seguridad, las autoridades incurren en prácticas sistematizadas de violaciones de derechos humanos.
El primero ocurrió la tarde del sábado en que el Colectivo Madres en Búsqueda Coatzacoalcos denunció que la Fiscalía de Veracruz entregó en bolsas de plástico sin sellar los restos humanos de Eladio Aguirre Chable, un joven de 30 años de edad.
Horas más tarde, circuló a través de redes sociales la grabación en la que Victoria Salazar, una migrante de El Salvador fue sometida hasta la muerte por policías de la Dirección Municipal de Seguridad Pública de Tulum, Quintana Roo.
RESTOS HUMANOS EN BOLSAS DE PLÁSTICO
El 26 de marzo los familiares de Eladio Aguirre Chable recibieron sus restos en la Sub Unidad Integral de Procuración de Justicia Distrito XXI del municipio de Las Choapas, Veracruz, después de una larga jornada de trámites innecesarios.
El colectivo Madres en Búsqueda Coatzacoalcos denunció que las autoridades condicionaron la entrega del cuerpo a sus familiares hasta que no se realizaron exámenes genéticos, que en este caso no eran necesarios ya que la familia reconoció el cuerpo, al igual que los peritos.
El colectivo denunció que las autoridades hicieron entrega del cuerpo de Eladio Aguirre mediante procedimientos negligentes y condenó la actuación de Alberto Torres Rivera, encargado de la subunidad de la Fiscalía regional, que presidía hasta este fin de semana Lenin Juárez Jiménez, ya que no observó el marco normativo en materia de personas desaparecidas, ni tampoco siguió los estándares forenses al entregar el cuerpo en bolsas de plástico negras, abiertas y sin sellos, acción que en las formas se asemeja a la manera en que el crimen organizado abandona cuerpos de sus víctimas.
Este lunes, La fiscal General del Estado, Verónica Hernández, removió de su cargo a Lenin Juárez e inició una carpeta de investigación con número de folio: FGE/FIM/16/2021 para sancionar a los funcionarios implicados por violentar la Ley General de Víctimas y los protocolos homologados de búsqueda e investigación.
VICTORIA FUE ASESINADA
Las negligencias en los protocolos forenses, y la revictimización son solo una parte de la crisis de Derechos Humanos que atraviesa México. En este contexto, también tiene lugar la reproducción sistemática de violencia por parte de cuerpos policiales, que aunque está prohibida, transcurre en un clima de impunidad y de indiferencia.
Victoria Salazar, una migrante de El Salvador es el último de una larga lista de víctimas de exceso de fuerza policiaca. La mujer fue sometida con fuerza excesiva por policías de Tulum, Quintana Roo hasta que perdió la vida. su muerte a manos de una oficial de la policía municipal hubiera pasado desapercibida si no hubiera sido videograbado y difundida en las redes sociales.
En la grabación se observa la fuerza excesiva que ejerció la policía para someter en el suelo a Victoria, que gritó y pidió ayuda, mientras la gendarme dejaba caer todo su peso sobre ella.
Los resultados de la necropsia de Victoria revelaron que murió por una fractura en la parte superior de la columna vertebral. Las autoridades determinaron que se incurrió en el uso desproporcionado de fuerza al momento de realizar el arresto, lo que se contrapone a la Ley Nacional del Uso de la Fuerza.
MÁS CASOS
Victoria Salazar radicaba en México con una visa humanitaria y tenía dos hijas, su caso generó indignación en México y El Salvador pero no es el único. En menos de un año, se han generado al menos dos casos más en los que la brutalidad policiaca causó víctimas mortales.
Uno de ellos ocurrió en mayo del 2020, en Jalisco, donde policías de Ixtlahuacán de los Membrillos fueron procesados por los delitos de homicidio y tortura por someter con excesiva violencia a Alejandro Giovanni López, a quien detuvieron por no portar cubrebocas y asesinaron.
En el mismo contexto de los operativos de contingencia sanitaria por el COVID-19, Alexander Martínez Gómez, fue asesinado por un policía municipal de Acatlán de Pérez Figueroa, Oaxaca.
IMPUNIDAD COMO NORMA
De acuerdo con el informe anual de la situación de Derechos Humanos de la organización Human Rights Watch (HRW) durante el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador las violaciones a los Derechos Humanos han continuado en un clima de impunidad, en tanto que las reformas para combatir la tortura han sido lentas en su aplicación e insuficientes.
La organización destacó que las actividades del Ejército mexicano se han ampliado en este sexenio tanto en la asimilación de tareas de orden público como en el control de aduanas, de la migración irregular, e incluso de gestión de programas sociales y desarrollo de megaproyectos.
Aunque se han incrementado los mecanismos de transparencia en cuanto a la cantidad de personas que han sido víctimas de desaparición forzada, persisten las deficiencias en los ministerios públicos para investigar estos casos o identificar a los responsables, reportó la organización.
Por otro lado, las víctimas de violaciones a Derechos Humanos pocas veces obtienen justicia. De acuerdo con la organización Impunidad Cero, solo el 1.3 por ciento de los delitos son resueltos en México, esto es atribuido a la corrupción, la falta de capacitación, de recursos insuficientes y la complicidad de los agentes de los ministerios públicos con los delincuentes.
TORTURA DESDE EL ESTADO
A pesar de la expedición de leyes y de las promesas de los gobiernos tras cada caso como el de Victoria, Giovanni, Alexander y otras víctimas mortales de brutalidad policiaca respecto a mejorar los protocolos, en México, las policías mantienen vigentes las prácticas añejas y ya sistematizadas que violentan los Derechos Humanos. Uno de estos procedimientos es la obtención de confesiones mediante la tortura.
Según HRW la tortura continúa como una práctica habitual en México mediante la que las autoridades obtienen información y confesiones. La organización mencionó que esta práctica violatoria de los Derechos Humanos ocurre con mayor frecuencia durante el periodo de detención de las víctimas y hasta que son puestas a disposición del Ministerio Público.
Estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) también exhiben la normalización de la tortura y la violencia que ejercen las corporaciones policiacas. En el estudio llevado a cabo en el 2016, el más reciente de este organismo, se encontró que dos de cada tres personas encarceladas sufrieron violencia física al momento de ser detenidas. Entre las agresiones se señalaron descargas eléctricas, estrangulamiento y asfixia.
Es Giovanni brother #JusticiaParaGiovanni
QUE NO SE NOS OLVIDE MEXICANOS!!! pic.twitter.com/rqzunMDiiQ— beTito56🌱. 🍥 (@betomatrix69) January 16, 2021
Los casos documentados refieren que las víctimas suelen ser incomunicadas en centros de detención ilegales. Según el informe de HRW, a pesar de que en 2017 se aprobó la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura, no solo no se ha erradicado estas prácticas, sino que no se investigan de manera oportuna.
Entre los años 2006 y 2019 las denuncias de agentes del Ministerio Público que han incurrido en prácticas de tortura se han incrementado de manera significativa. Al corte del 2019 se presentaron más de 7 mil denuncias de este delito, de acuerdo con un informe de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha señalado su preocupación por la impunidad que prevalece en los casos de tortura en México. Según el informe de este organismo, solo 8 de 3 mil 214 denuncias de tortura realizadas fueron judicializadas durante el 2016.
