A pesar de que en México se garantiza la libertad de expresión, el último informe sobre la situación de Derechos Humanos con corte al 2020, publicado por el Departamento de Estado de EU, describe un contexto hostil en el que los periodistas críticos al Gobierno son sometidos a desacreditación pública y acoso desde las redes sociales. Esto, en un contexto de inseguridad e impunidad que mantiene a México posicionado como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo.
En los Informes nacionales del 2020 sobre prácticas de derechos humanos, publicado por la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de EU, se dedicó un capítulo a describir prácticas de acoso y desacreditación que sufren periodistas mexicanos, sobre todo cuando critican al Gobierno federal o informan sobre delitos cometidos por el crimen organizado.
En el apartado sobre la situación de Derechos Humanos en México, correspondiente al respeto por las libertades civiles, se destacó que el acoso a periodistas en el espacio digital se intensificó en 2020, aun cuando México no ha logrado superar la crisis de impunidad y violencia que afecta a los periodistas.
El Departamento de Estado de EU citó datos de Artículo 19, que documentaron que hasta diciembre del año pasado fueron asesinados 6 periodistas, en tanto que el 99 por ciento de los delitos contra comunicadores se mantuvieron impunes y se incrementaron los ataques en un 45 por ciento con respecto al año anterior.
También se señaló que aunque la libertad de expresión está garantizada en la Constitución, existen condicionantes como el reparto inequitativo de publicidad gubernamental y la persistencia de monopolios de la industria de la comunicación.
LAS REDES SOCIALES, UN NUEVO ESPACIO DE ACOSO
En el informe publicado el 30 de marzo, también se detalló el escenario que enfrentaron durante el 2020 los periodistas para ejercer el derecho a la libertad de expresión. Según documentó el Departamento de Estado de EU, si bien pueden expresarse sin restricciones, se enfrentan a la desacreditación por parte de políticos cuando son críticos con el Gobierno actual.
«Los periodistas pueden criticar al gobierno y discutir asuntos de interés general sin restricciones. Sin embargo, los políticos desacreditaron y criticaron públicamente a estos periodistas», señaló el informe.
En este contexto, se mencionó el caso de los 80 periodistas de Baja California que dirigieron una carta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en la que denunciaron a Jaime Bonilla, gobernador de la entidad, por los ataques verbales que dirigió a varios medios locales y corresponsales.
En #BC los periodistas se unen para defender la libertad de expresión y el acceso a la información, ante las agresiones del gobernador @Jaime_BonillaV y los bloqueos informativos #TuViolenciaNoSilencia #YoDefiendoAlPeriodismoBC #GobiernosSeVanPeriodismoPermanece pic.twitter.com/viWR8E58Nq
— Adela Navarro Bello (@adelanavarro) July 17, 2020
Otro caso mencionado es el de los periodistas que fueron atacados en Twitter cuando hacían «preguntas difíciles» al presidente Andrés Manuel López Obrador durante las conferencias mañaneras.
En la Red también se generaron otras dinámicas que restringieron la libertad de expresión desde las plataformas digitales en que funcionarios públicos intentaron bloquear a los periodistas y medios críticos para impedir que accedieran a comentarios y contenidos publicados en sus cuentas de redes sociales. Un caso representativo tuvo lugar en 2019, en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó a Jorge Winckler, exfiscal General de Veracruz desbloquear a un periodista en Twitter.
Otras prácticas de censura desde las plataformas digitales ya habían sido documentadas desde el sexenio anterior, en que Artículo 19 denunció que de acuerdo con informes de transparencia de Google, entre 2012 y junio de 2018, los poderes Ejecutivo y Judicial presentaron 111 solicitudes para eliminar contenido de la web, incluidas dos instancias en las que el motivo citado fueron críticas al gobierno.
CASO NOTIMEX
El informe destacó la investigación realizada en conjunto por Aristegui Noticias, Artículo 19 y Signa Lab sobre una estrategia dirigida por Sanjuana Martínez, directora de Notimex, mediante la que ordenó a periodistas eliminar o no publicar contenido sobre ciertas instituciones y funcionarios gubernamentales.
Sanjuana Martínez también fue señalada por orquestar ataques contra periodistas críticos a su gestión. El Departamento de Estado de EU agregó en su informe que Artículo 19 y Signa Lab, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) denunciaron la existencia de una red de cuentas falsas en Twitter que fueron creadas desde la agencia gubernamental para dirigir ataques contra periodistas.
Según el reporte, diez testigos con conocimiento directo de la sala de redacción de NOTIMEX corroboraron la existencia de un chat de WhatsApp llamado Los Vengadores N. utilizado por los ejecutivos de la agencia, a instancias de Martínez, para ordenar a periodistas que crearan cuentas falsas de Twitter y publicaran mensajes contra críticos a su gestión al frente de la agencia del Estado.
En este caso se destacó el testimonio del extrabajador de NOTIMEX, Manuel Ortiz, quien denunció que Martínez le habría ordenado a él y a sus colaboradores atacar a periodistas que cuestionaron el nombramiento de Martínez como jefe de la agencia estatal de noticias. Artículo 19 señaló que los ataques fueron muy graves y pusieron en riesgo la vida y la carrera de los periodistas.
En esta entrega actualizamos los hallazgos aportados por Signa_Lab para la investigación de @article19mex y @AristeguiOnline en torno a los ataques coordinados en Twitter contra periodistas y ex colaboradores de Notimex. 👇🏼https://t.co/qX12FcACE0 pic.twitter.com/tiFuEmmrs1
— Signa_Lab ITESO (@Signa_Lab) June 18, 2020
ASESINATOS DE PERIODISTAS SE MANTIENEN
La alta cifra de periodistas asesinados se mantuvo, en tanto que también tuvieron lugar agresiones físicas y ciberataques. De acuerdo con el reporte, los comunicadores asesinados cubrían el crimen, la corrupción y la política local. En tanto que la impunidad en torno a los asesinatos de periodistas también mostró altos índices durante el 2020. Según datos de Artículo 19, en el 2019, el 99 por ciento de estos crímenes, entre ellos seis asesinatos de periodistas cometidos hasta diciembre del año pasado, se mantuvieron impunes.
Otros datos refieren que: «De enero a junio, Artículo 19 documentó 406 ataques contra periodistas y medios, un aumento del 45 por ciento con respecto al mismo período de 2019. Según Artículo 19, entre enero y junio, los periodistas reportaron 40 amenazas de muerte, 91 casos de intimidación o acoso, y 47 ataques físicos. Funcionarios públicos llevaron a cabo 199 de los ataques registrados, según la ONG. También se registraron 68 ataques realizados por funcionarios públicos contra periodistas y medios de comunicación que informaban sobre el COVID-19».
Uno de los casos de asesinatos de periodistas en los que tuvieron participación funcionarios ocurrió el 20 de agosto, en que Juan Nelcio Espinosa, periodista independiente en Piedras Negras, Coahuila, murió mientras estaba bajo custodia policial. La familia de Espinosa acusó a la policía de asesinarlo y dijo que la policía lo había amenazado anteriormente.
Otro caso ocurrió a principios de agosto, Pablo Morrugares, periodista y director del portal PM Noticias, que realizaba investigaciones sobre operativos criminales en Guerrero, fue asesinado a tiros por hombres armados en un restaurante de Iguala.
