Según una carta dirigida al gobernador Alejandro Murat, el caso de los 8 presos políticos mazatecos ha sido afectado por obstáculos e inacción de las autoridades.
El colectivo Mazatecas por la Libertad lanzó una petición a través de Change.org para reunir firmas y pedir la liberación de 8 indígenas mazatecos de la población de Eloxochitlán, que el Gobierno de Oaxaca mantiene como presos políticos desde hace 8 años.
A través de la solicitud, la organización solicita a Alejandro Ismael Murat Hinojosa, gobernador de la entidad, que libere al grupo de indígenas debido a que su inocencia ya ha sido probada.
De acuerdo con Pie de Página, los delitos de los que se les acusa son: las muertes de Manuel Zepeda y Gustavo Estrada, dos líderes comunitarios, incendio y daños a propiedad privada, intento de feminicidio en contra de la exdiputada Elisa Zepeda y su madre. Delitos que han sido desechados o que han podido ser probados.
El grupo de acusados fue arrestado en diciembre del 2014, durante una asamblea en la que se relevarían los cargos de autoridades comunitarias. Sin embargo, el evento fue interrumpido por la violencia generada entre dos grupos que se disputaban el poder, uno de ellos dirigido por Manuel Zepeda, cuyo hijo, falleció después de la trifulca y el otro por Jaime Betanzos Fuentes, quien se encuentra bajo arresto. La versión de las autoridades es que el hijo de Zepeda murió a causa de los golpes que recibió en la pelea, pero esto no ha sido probado.
Los indígenas afectados son: Francisco Durán Ortíz, Jaime Betanzos Fuentes, Herminio Monfil Avendaño, Fernando Gavito Martínez, Alfredo Bolaños Pacheco, Omar Hugo Morales Álvarez e Isaías Gallardo Álvarez, quienes continúan en prisión desde el 2014 sin recibir sentencia.
Según una carta dirigida al mandatario estatal que fue publicada en la petición, el caso de los 8 presos políticos mazatecos ha sido afectado por obstáculos e inacción de las autoridades del Poder Judicial, que han permitido el tráfico de influencias y el conflicto de interés.
El colectivo señala que en el proceso penal que enfrentan, ya ha sido probada la inocencia de los acusados, quienes acusan que han sido víctimas de fabricación de delitos.
«Veinte sentencias de libertad, a favor de personas que fueron acusadas con los mismos cargos que los presos, son la mejor prueba de su inocencia. Pero la corrupción y la consigna política, pisotean todo ordenamiento legal, desconocen todo derecho que asiste a los presos», señala la misiva dirigida a Murat.