El gobierno de Estados Unidos inició una nueva política de seguridad nacional enfocada en la eliminación total de los cárteles y organizaciones criminales transnacionales (TCOs, por sus siglas en inglés), de acuerdo con un memorándum firmado por el fiscal general el 5 de febrero de 2025.
La medida responde a una orden ejecutiva del presidente Donald Trump, emitida el 20 de enero, que insta a rediseñar las estrategias de contranarcóticos y seguridad nacional para erradicar estas organizaciones. Según el documento, la política implica un cambio de enfoque en la aplicación de la ley, priorizando la eliminación de estas amenazas en lugar de mitigar sus efectos.
Prioridades en las acusaciones
El Departamento de Justicia instruyó a los fiscales federales a utilizar los cargos más severos contra los líderes de cárteles y TCOs, incluyendo delitos de terrorismo, crimen organizado, ejecución continua de actividades criminales y violaciones a la Ley de Designación de Narcotraficantes Extranjeros.
Además, el gobierno limitará el enjuiciamiento de delincuentes de bajo nivel sin estatus migratorio, favoreciendo su expulsión inmediata del país. Se reorientarán recursos para investigar y confiscar embarcaciones comerciales involucradas en el tráfico de drogas, precursores químicos y trata de personas.
Eliminación de barreras burocráticas
El memorándum también elimina requisitos de aprobación previa para presentar cargos de terrorismo, violaciones a la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales (IEEPA) y delitos bajo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. Se suspenderá la revisión previa de acusaciones por delitos capitales en casos relacionados con cárteles y TCOs, permitiendo a los fiscales actuar con mayor rapidez.
Además, las Fuerzas de Tarea Conjuntas Vulcan y Alpha serán fortalecidas para combatir redes de trata de personas y tráfico de drogas. Vulcan ampliará su enfoque para incluir al Tren de Aragua, además de MS-13.
Reforma legislativa
El gobierno también impulsa cambios en la legislación de control de drogas, como la inclusión permanente de las sustancias derivadas del fentanilo en el nivel más alto de restricción y la regulación de máquinas para fabricar pastillas falsificadas.
Este endurecimiento en la política de seguridad se produce en un contexto de creciente preocupación por el tráfico de fentanilo y el impacto de los cárteles mexicanos en la crisis de opioides en Estados Unidos.
