En México, la violencia relacionada con el crimen organizado ha generado una de las crisis humanitarias más devastadoras de las últimas décadas, con miles de desaparecidos y cuerpos ocultos en fosas clandestinas o incinerados en hornos ilegales. Este fenómeno, que afecta principalmente a jóvenes, ha sido documentado por colectivos de madres buscadoras y activistas, quienes enfrentan una dura batalla contra la indiferencia institucional y el desafío de desmantelar un sistema de impunidad que parece operar bajo las sombras del poder. Sin embargo, lo que comenzó como una lucha por visibilizar esta tragedia, pronto se convirtió en un campo de batalla discursivo, donde la legitimidad de la denuncia se ve socavada por los intereses políticos y las manipulaciones de la narrativa.
La Manipulación del Dolor: La Política del Sufrimiento
El primer fenómeno que emerge en este contexto es el uso instrumental del sufrimiento. Los colectivos de búsqueda como Madres Buscadoras de Jalisco han sido cruciales en la visibilidad de esta tragedia y la exigencia de justicia. No obstante, como evidencia el caso de Teuchitlán, este sufrimiento ha sido explotado políticamente para moldear narrativas que desvían la atención de la causa social en cuestión.
El dolor colectivo puede convertirse en una herramienta para validar o deslegitimar narrativas. Los grupos opositores, al denunciar omisiones en las investigaciones o exponer el hallazgo de los centros de exterminio, contribuyen a la creación de un «discurso victimista» que pone en duda la capacidad del gobierno para garantizar la seguridad y la justicia. Sin embargo, esta denuncia no se limita a una crítica legítima, sino que se ve contaminada por la polarización política, transformando un problema social en un ataque al gobierno de turno. En este sentido, el sufrimiento de las víctimas es utilizado como vehículo para la construcción de una narrativa política, en lugar de ser una causa que movilice a la sociedad hacia una respuesta colectiva y solidaria.
La Crisis de la Legitimidad del Estado y la Psique Colectiva
La violencia organizada, los hornos clandestinos y las fosas comunes son evidencia de una crisis de legitimidad del Estado, un tema central en la teoría sociológica de la legitimidad del poder. El Estado, en su función de garante de la seguridad y el orden, se enfrenta a un desafío existencial cuando los grupos criminales usurpan territorios y desplazan la autoridad. El hecho de que los carteles operen con impunidad y que el Estado se vea incapaz de erradicar estas prácticas coloca al gobierno en una posición de fragilidad simbólica ante la sociedad.
Esta crisis de legitimidad afecta a la identidad colectiva de la sociedad mexicana, generando un sentimiento de desafección y de desconexión entre las instituciones del Estado y los ciudadanos. Los actores políticos que no logran abordar adecuadamente esta crisis refuerzan la desconfianza en las estructuras de poder. El dolor de las víctimas de desaparición forzada y las familias afectadas se convierte, entonces, en una metáfora del fracaso estatal, pero también en un campo de lucha simbólica entre diferentes actores que intentan, en última instancia, redefinir el poder y la justicia en el país.
El Proceso de Deslegitimación a Través de la Disputa Narrativa
La manipulación discursiva de la crisis se ve reflejada en la manera en que los actores políticos y los medios de comunicación construyen y desdibujan las versiones sobre los hechos. En el caso de Teuchitlán, la intervención de la FGR y la filtración de narrativas contradictorias sobre los hallazgos en el rancho Izaguirre ejemplifican la «fabricación de la incertidumbre». Esta estrategia, al distorsionar los hechos y permitir la contaminación de la escena del crimen, busca generar confusión en la opinión pública y cuestionar la veracidad de las denuncias.
La construcción de la verdad se convierte en una herramienta de poder en la medida en que los actores involucrados buscan validar o invalidar ciertas narrativas a través de las emociones que provocan. La indignación colectiva, en lugar de ser dirigida hacia una acción de justicia efectiva, se dispersa en la lucha ideológica y en el rechazo mutuo entre los grupos políticos. Este fenómeno refleja una «cognición social sesgada», donde las interpretaciones de los hechos son filtradas a través de la identidad política de los actores, deslegitimando el dolor real y convirtiéndolo en un elemento dentro del juego político.
Polarización y Efectos en la Psique Colectiva: La Dinámica «Nosotros contra Ellos»
El uso de los medios de comunicación y las redes sociales en este contexto no solo amplifica la crisis de violencia, sino que también polariza aún más a la sociedad. Los actores políticos, al posicionarse de manera radical en torno a la verdad de los hechos, contribuyen a un proceso de fragmentación social. En lugar de promover la empatía y la solidaridad frente al sufrimiento de las víctimas, se crea una dicotomía «Nosotros contra Ellos», donde los opositores se perciben como traidores y los seguidores del gobierno como cómplices.
Esta división social tiene efectos profundos en la identidad colectiva, generando una atmósfera de desconfianza generalizada. Esto se traduce en un ciclo de refuerzo negativo, donde la polarización alimenta el resentimiento y la animosidad, dificultando la posibilidad de una respuesta social unificada ante el problema. La construcción de «enemigos» y «aliados» dentro del discurso político no solo afecta la percepción de la crisis, sino que también obstaculiza la capacidad de los ciudadanos para movilizarse en defensa de la justicia, al quedar atrapados en un conflicto de lealtades partidarias.
La Crisis Social y la Manipulación Narrativa
La problemática de las desapariciones forzadas y la violencia en México, cuando se entrelaza con las disputas políticas, sufre una transformación significativa. Más que un problema que exige atención y acción urgente, se convierte en un espacio de disputa ideológica donde la manipulación narrativa juega un rol clave. A través de la instrumentalización del dolor y la deslegitimación de las víctimas, la política mexicana profundiza la fractura social y difumina el objetivo original de justicia y reparación.
La crisis de violencia no solo es una cuestión de orden público, sino también un campo de lucha simbólica donde el poder se redefine a través del control de la narrativa y la manipulación de las emociones colectivas. La lucha por la verdad y la justicia se ve desplazada por una lucha por el poder, que no solo afecta a las víctimas de la violencia, sino a toda la sociedad mexicana.
