La Corte Suprema de Estados Unidos detuvo temporalmente la deportación de un grupo de migrantes venezolanos que serían expulsados bajo la controvertida Ley de Enemigos Extranjeros, utilizada por la administración Trump. La decisión, emitida la madrugada del sábado, congela un proceso legal acelerado que ha generado críticas por la falta de notificación y garantías mínimas para los detenidos.
La decisión, contenida en una breve orden sin firma del máximo tribunal, detiene temporalmente las acciones del Gobierno mientras un tribunal federal de apelaciones en Louisiana analiza el caso. El fallo generó disidencias de los jueces conservadores Samuel Alito y Clarence Thomas.
Los abogados de los migrantes, pertenecientes a organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y Democracy Forward, presentaron una apelación de emergencia este viernes, alegando que sus representados no fueron notificados con suficiente antelación para impugnar su deportación. Según la documentación, varios de los detenidos fueron notificados menos de 24 horas antes de su expulsión del país, sin una vía clara de defensa.
El tribunal ordenó a la administración Trump que no expulse “a ningún miembro del supuesto grupo de detenidos hasta nueva orden de este tribunal”. También exigió al Gobierno responder formalmente una vez que el Quinto Circuito de Apelaciones de EE.UU. emita una resolución preliminar.
Previo a esta intervención, el juez federal James Boasberg, con sede en Washington, se negó a pausar las deportaciones durante una audiencia de emergencia. “No creo tener la facultad de hacer nada”, respondió a los abogados que le solicitaron detener los traslados. No obstante, Boasberg sí ordenó un procedimiento por desacato contra la administración por presuntamente incumplir una orden anterior relacionada con este mismo caso, aunque dicha orden fue anulada por la Corte Suprema.
Durante la audiencia, el abogado del Departamento de Justicia, Drew Ensign, declaró que, aunque no había vuelos planeados, el Departamento de Seguridad Nacional se reservaba el derecho de proceder con las deportaciones este sábado.
La disputa gira en torno a la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros, una legislación del siglo XVIII diseñada para tiempos de guerra, que la administración Trump invocó en marzo para agilizar expulsiones de migrantes. Esta herramienta legal ha sido severamente cuestionada por permitir la elusión de protocolos tradicionales del sistema migratorio.
En la audiencia del viernes, el abogado de la ACLU, Lee Gelernt, presentó evidencias de que los migrantes recibieron avisos de deportación sin opción efectiva de apelación. También señaló que el Gobierno no ha cumplido con la orden previa del Supremo, que exige notificar adecuadamente a los detenidos para que puedan ejercer su derecho a impugnar.
Ensign insistió en que la orden judicial no obliga a ofrecer un espacio para apelar, sino únicamente a notificar, argumento que Boasberg recibió con escepticismo: “Ciertamente, creo que la notificación es muy preocupante”, comentó el juez, aunque concluyó que no tenía capacidad para otorgar una suspensión.
La Corte Suprema de Estados Unidos dejó claro que los migrantes no pueden ser trasladados fuera del país hasta nuevo aviso, lo que representa un revés temporal para los planes de deportación de la administración. La disputa continúa en los tribunales y podría sentar un precedente sobre el uso de leyes de guerra en contextos migratorios.
Con información de CNN.
