El fraude, dirigido a personas en situación vulnerable, permitió el cobro indebido de más de 133 millones de dólares en fondos públicos destinados al sistema de salud conocido como Obamacare.
Un alto ejecutivo de una firma de corretaje de seguros en Estados Unidos se declaró culpable este viernes de participar en un esquema de fraude masivo contra el sistema de salud público conocido como Obamacare. El caso, que involucra el uso de información falsa para obtener subsidios gubernamentales, permitió que la empresa del acusado cobrara millones de dólares en comisiones ilegales.
Dafud Iza, de 54 años y vicepresidente ejecutivo de una firma de seguros con sede en Florida, admitió ante un tribunal federal haber organizado y participado en una operación para inscribir de manera fraudulenta a personas en planes subsidiados por el gobierno a través de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (Affordable Care Act, ACA, en inglés). Este programa, instaurado en 2010 durante la presidencia de Barack Obama, busca garantizar el acceso al seguro médico para personas con bajos ingresos mediante el otorgamiento de subsidios federales.
Según documentos judiciales, Iza y sus cómplices inscribieron a miles de personas no elegibles para esos subsidios, alterando la información de sus solicitudes —especialmente los ingresos reportados— con el objetivo de hacerlas parecer aptas para recibir ayuda financiera. Como resultado, el gobierno de Estados Unidos pagó al menos 133.9 millones de dólares en subsidios a nombre de estos beneficiarios ficticios o manipulados.
El esquema estaba dirigido especialmente a personas en situación vulnerable, como personas sin hogar, desempleadas o con trastornos mentales y problemas de adicción. “Vendedores callejeros” reclutaban a estas personas y les ofrecían sobornos para que participaran en el fraude. Incluso se les instruía sobre cómo responder las preguntas del formulario de inscripción para maximizar los beneficios, y en algunos casos, se utilizaron identidades falsas, direcciones ficticias y números de seguro social que no correspondían con los datos reales de los supuestos solicitantes.
Iza se declaró culpable de un cargo de fraude mayor contra el gobierno de Estados Unidos, un delito que conlleva una pena máxima de hasta 10 años de prisión. La sentencia será determinada por un juez federal en los próximos meses, quien tomará en cuenta factores como las directrices de sentencia y las circunstancias del caso.
El caso está siendo investigado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS-OIG), que alertaron sobre la magnitud del fraude y sus implicaciones para el sistema de salud.
El Departamento de Justicia ha informado que este caso forma parte de un esfuerzo más amplio para combatir el fraude en programas federales de salud, a través del Programa de Fuerzas de Ataque contra el Fraude en la Atención Médica. Desde su creación en 2007, esta iniciativa ha procesado a más de 5,800 personas por facturar ilegalmente más de 30 mil millones de dólares al sistema de salud pública y aseguradoras privadas.
