Catorce juzgadoras mexicanas denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presuntas violaciones a sus derechos humanos derivadas de la Reforma Judicial implementada en México desde septiembre de 2024, la cual —afirman— vulnera la independencia judicial, la igualdad de género y ha expuesto a integrantes del Poder Judicial a señalamientos públicos sin pruebas ni debido proceso.
Cyrus R. Vance Center informó que Catorce personas, que se desempeñaban o aún se desempeñan como juzgadoras del Poder Judicial de la Federación de México, presentaron la semana pasada una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para documentar múltiples violaciones de derechos humanos derivadas de la Reforma Judicial en México, implementada desde septiembre de 2024.
En el documento se afirma que las personas peticionarias fueron “directamente afectadas” por dicha reforma, que vulnera los principios de independencia judicial, igualdad y no discriminación, y afecta de forma particular la participación de las mujeres en el Poder Judicial. La solicitud insta a la CIDH a responder a las denuncias, proteger los derechos humanos y emitir reparaciones para las personas afectadas.
La petición también documenta declaraciones públicas de altos funcionarios del Poder Ejecutivo de México, quienes acusaron a jueces y magistrados de corrupción y nepotismo sin pruebas ni debido proceso, lo que afectó su honra y socavó la confianza pública en el sistema judicial.
“Esta reforma, bajo la apariencia de neutralidad, constituye en realidad un mecanismo de politización y captura de la judicatura”, sostiene el documento.
El recurso fue presentado por el Cyrus R. Vance Center for International Justice, un programa del Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York, en representación de las personas peticionarias. El objetivo, aclara el texto, no es derogar la Reforma Judicial ni revertir sus efectos ya implementados, sino obtener reparación integral por la violación de derechos y contribuir a reforzar los estándares de independencia judicial dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
“Esta petición ofrece una oportunidad para que el Sistema Interamericano aborde las alegadas violaciones de la independencia judicial en México y cuestiones más amplias relativas a los procesos de reforma judicial en la región”, dijo Jaime Chávez Alor, Director Ejecutivo Adjunto del Vance Center. “Los Estados deben ser capaces de garantizar que sus estructuras y procedimientos judiciales evolucionen según sea necesario, sin embargo, estos cambios no deben violar los derechos humanos”, declaró Jaime Chávez Alor, director ejecutivo adjunto del Vance Center.
Por su parte, María Emilia Molina, presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras y una de las firmantes, subrayó:
“Aunque es demasiado tarde para deshacer muchos de los cambios perjudiciales que ha traído consigo este proceso de reforma politizado, no es demasiado tarde para reparar esos daños”, afirmó María Emilia Molina, una de las demandantes y Presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras. “Esperamos que esta petición reconozca los daños sufridos por las y los colegas importadores de justicia, y ofrezca orientación para ayudar a los sistemas de justicia de otros países a evitar el mismo destino”.
La Reforma Judicial de México, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, cambió radicalmente la forma de designación de jueces, magistrados y ministros, al establecer que ahora serán elegidos por voto popular, en lugar de mediante procesos técnicos y colegiados.
En agosto de 2024, previo a su aprobación, el Colegio de Abogados de Nueva York advirtió en un informe que los cambios propuestos podrían afectar gravemente la independencia del Poder Judicial, reduciendo su eficacia y autonomía.
Una vez recibida la petición, la CIDH iniciará un proceso de evaluación y verificación. En caso de identificar violaciones a los derechos humanos, podrá emitir recomendaciones al Estado mexicano, iniciar investigaciones, ordenar reparaciones o implementar garantías de no repetición.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, junto con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, forma parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, cuyo mandato es velar por el cumplimiento de las obligaciones internacionales de los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) en materia de derechos fundamentales.
