La iniciativa para incluir la IA bajo la regulación directa del Poder Ejecutivo abre la puerta a un nuevo marco tecnológico para México, pero el rumbo que tome dependerá de si el país logra equilibrar innovación y control estatal con libertad, transparencia y responsabilidad algorítmica.
Mientras la Comisión de Análisis, Seguimiento y Evaluación sobre la Aplicación y Desarrollo de la Inteligencia Artificial en México, presidida por el senador Rolando Rodrigo Zapata Bello, aprobó su plan de trabajo anual, avanza en paralelo una iniciativa que podría redefinir la arquitectura del control digital en el país: una reforma constitucional para incluir la inteligencia artificial (IA) bajo la regulación directa del Poder Ejecutivo.
La propuesta, presentada el 17 de septiembre de 2025 por la senadora Claudia Edith Anaya Mota, del PRI, busca modificar el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para facultar al Ejecutivo Federal a emitir disposiciones administrativas de carácter general en materia de telecomunicaciones, banda ancha, internet, radiodifusión e inteligencia artificial.
Según la exposición de motivos, el objetivo es “a normar el uso de estas tecnologías, como ya lo han hecho diversos países europeos y latinoamericanos, y en el artículo 28 se establecen diversas atribuciones del Ejecutivo Federal”. La iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis, en un contexto en que el Senado busca consolidar un marco jurídico moderno, ético y flexible sobre inteligencia artificial, según ha expresado Zapata Bello.
El borrador actual reconoce oficialmente a la inteligencia artificial como materia de interés público y describe conceptos contemporáneos como banda ancha, internet e inteligencia artificial. Aunque el texto es breve, la exposición de motivos menciona la necesidad de marcos éticos para el uso de la IA. Esto implica que, al menos a nivel discursivo, existe una preocupación por los impactos sociales y morales del desarrollo tecnológico. El proyecto reafirma que el Estado mexicano debe tener un rol activo en la regulación de la tecnología.
La iniciativa traslada toda la regulación de la inteligencia artificial al Poder Ejecutivo, sin declarar contrapesos del Congreso ni de órganos autónomos.
Esto significa que la Presidencia podría definir unilateralmente las normas, licencias y criterios de operación de los sistemas de IA utilizados tanto por el Estado como por empresas privadas.
El texto constitucional asocia la IA con la infraestructura de telecomunicaciones e internet, lo que podría otorgar al Ejecutivo un margen amplio para intervenir en redes digitales y datos personales bajo el argumento de regulación administrativa.
Entro los aspectos que tiene pendientes, el proyecto aún no contempla órganos supervisores ni auditorías éticas que evalúen el impacto de los algoritmos en los derechos de las personas.
El proyecto equipara la inteligencia artificial a servicios técnicos como radiodifusión o banda ancha, sin reconocer su naturaleza autónoma y adaptativa.
Sin embargo, en el plan de trabajo de la Comisión se anticipa una agenda de trabajos más integral. El senador Rolando Rodrigo Zapata Bello, presidente de la Comisión de Análisis, Seguimiento y Evaluación sobre la Aplicación y Desarrollo de la Inteligencia Artificial en México, afirmó que el país necesita fortalecer el andamiaje jurídico para enfrentar los desafíos de la revolución tecnológica.
Durante la aprobación del plan de trabajo anual correspondiente al segundo año de ejercicio de la LXVI Legislatura, Zapata Bello destacó que esta agenda da continuidad al esfuerzo iniciado el año pasado, cuando se abrió el debate nacional sobre inteligencia artificial y se escucharon voces de especialistas en neuroderechos, transparencia algorítmica, suplantación de identidad y sistemas de alto riesgo, entre otros temas.
El senador priista sostuvo que el siguiente paso será analizar “el trazo constitucional” para avanzar hacia una Ley General para Regular y Fomentar el Uso de la Inteligencia Artificial, con un marco normativo moderno, ético y flexible, que proteja los derechos humanos y, al mismo tiempo, fomente la innovación tecnológica nacional.
Zapata Bello subrayó la importancia de impulsar la alfabetización digital y la capacitación en inteligencia artificial como pilares de este proceso. Además, adelantó que se promoverá el desarrollo del talento mexicano en colaboración con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SCHTI) y la Secretaría de Educación Pública (SEP).
El legislador señaló que dentro del Senado de la República se fortalecerá la formación legislativa especializada mediante talleres, seminarios y espacios de reflexión, con el objetivo de legislar con visión de futuro y comprensión técnica. El plan también busca socializar la inteligencia artificial e incentivar la participación ciudadana, para que la población conozca sus beneficios, riesgos y límites, y participe en su regulación.
Asimismo, precisó que en la elaboración de la ley general de inteligencia artificial participarán las comisiones de Derechos Digitales y de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.
Durante la sesión, el senador Luis Donaldo Colosio Riojas (MC) calificó el plan de trabajo como congruente con las necesidades del país, al destacar la urgencia de una legislación que regule la inteligencia artificial y fomente la alfabetización digital desde la educación básica.
Por su parte, Karina Isabel Ruiz Ruiz (Morena) celebró que se legisle con eficacia para gestionar los avances digitales, mientras que Juanita Guerra Mena (PVEM) resaltó la importancia de una legislación que promueva la innovación tecnológica, la competitividad y el desarrollo sostenible, pero que también prevenga riesgos como la discriminación algorítmica, la suplantación de identidad y las afectaciones a la privacidad.
Finalmente, Yeidckol Polevnsky Gurwitz (PT) consideró pertinente construir una ley general de inteligencia artificial antes de que los congresos locales impulsen regulaciones propias. “Es mejor homologar conceptos a nivel nacional y garantizar la participación de todos los sectores involucrados”, concluyó.
