En México, el desplazamiento laboral asociado a la automatización y a la adopción desigual de Inteligencia Artificial (IA) no puede analizarse aisladamente del control territorial. La historia reciente muestra que cada nuevo recurso estratégico (agua, energía, agroindustria, hidrocarburos) se convierte, en contextos de gobernanza fragmentada, en objeto de captura por parte de actores criminales. La transición digital y energética no rompe ese patrón: lo amplifica. Dos vectores convergen de manera especialmente peligrosa.
Expertos coinciden en que la IA implicará un desplazamiento laboral inexorable a nivel global. Sin embargo, en países como México los intentos por resarcir el daño serán más difíciles debido a la amenaza del crimen organizado.
Recursos estratégicos como anclajes de poder
Los centros de datos y el litio cumplen condiciones similares a las de infraestructuras previamente capturadas: son inmóviles, intensivos en territorio, de alto valor futuro y dependientes de cadenas locales (energía, agua, transporte, mano de obra). En regiones donde el control estatal es incompleto, estas infraestructuras tienden a convertirse en islas de modernidad rodeadas de poder informal.
Para el Estado, los centros de datos representan inversión, narrativa de progreso y una justificación de presencia. Para el crimen organizado, representan algo distinto: rentas de continuidad. No es necesario sabotear ni destruir; basta con condicionar accesos, suministros, personal y logística. El objetivo no es apagar la infraestructura, sino integrarla a un sistema de cobro y control. El resultado es una soberanía ambigua: la nube opera, los contratos se cumplen, pero el orden real alrededor es otro.
En México, los estados de Baja California, San Luis Potosí–Zacatecas y Sonora concentran al menos tres yacimientos de litio en etapa de exploración, de acuerdo con información oficial y reportes del sector minero.
Estas regiones coinciden, además, con zonas donde se ha documentado una fuerte presencia del crimen organizado. El periodista Jesús Lemus ha señalado en su libro «La Guerra del Litio» que diversas zonas mineras del país han sido escenario de desplazamientos forzados de comunidades, presuntamente provocados por grupos criminales que buscan controlar territorios estratégicos, e incluso ha denunciado que empresas trasnacionales podrían haber recurrido a estos grupos para facilitar el despojo de poblaciones locales en contextos de disputa minera.
J. Jesús Lemus sostiene que existen relaciones opacas entre estructuras de poder estatal, grandes empresas mineras y grupos criminales. Esta alianza permite a células vinculadas a organizaciones como La Línea, Barrio Azteca, Los Zetas, el Cártel de Sinaloa, y otros actores violentos, operar en zonas mineras, generar desplazamiento forzado y establecer control territorial indirecto con el conocimiento de autoridades.
En ese contexto, la minería, incluyendo la extracción de minerales estratégicos como el litio, deja de ser un sector aislado y se convierte en un terreno disputado con ganancias y violencia integradas en la lógica del crimen organizado.
Además, organismos del sector empresarial señalan que hoy en México la inseguridad es un reto cotidiano para la minería: extorsiones, pagos a grupos armados, robo de maquinaria y negociaciones informales con criminales incrementan los costos de operación hasta más de 20 %, y en algunos casos obligan a las empresas a negociar directamente con grupos que ejercen violencia en la región.
El Dr. Rigoberto García Ochoa, investigador de El Colegio de la Frontera Norte (El Colef), Unidad Nogales, ha advertido que en el caso del litio en México existe una grave falta de información pública y de investigación científica, lo que impide dimensionar con precisión el alcance real del recurso. El investigador explicó que las estimaciones sobre las reservas de litio en el país varían de manera significativa, oscilando entre 800 mil toneladas y hasta 4 millones de toneladas, una diferencia que evidencia la incertidumbre existente. Asimismo, señaló que, a diferencia de otros países productores, en México el litio se encuentra principalmente en arcillas, lo que requiere tecnologías de extracción distintas, más complejas y aún poco desarrolladas a escala industrial.
El litio mexicano está regulado por LitioMx, una empresa estatal creada para asegurar un monopolio nacional sobre este mineral de alto valor estratégico en la transición energética global.
Pero, como muestran los patrones anteriores en minería tradicional, la simple propiedad legal no es suficiente para garantizar control efectivo del territorio ni impedir la incursión de grupos criminales. La minería ilícita y su explotación por parte de estructuras armadas ocurre cuando el Estado no está presente de forma sostenida y efectiva, y las poblaciones locales quedan expuestas a lógicas de control alternativo.
Esto ha ocurrido con metales como el mercurio y la minería de oro, donde redes criminales han entrado en operaciones informales en estados como Querétaro y en regiones rurales, generando hechos de violencia, contaminación y explotación sin supervisión eficaz. Expertos han documentado producción ilegal significativa de mercurioun con presencia de cárteles y puntos de control armados que facilitan el contrabando de minerales desde México hacia otros países.
La población desplazada como recurso blando
El segundo vector es humano. A medida que sectores completos se informalizan o desaparecen, emerge una población excedente: personas fuera del empleo formal, fuera de la universidad y fuera de amortiguadores estatales. En ausencia de infraestructura social adulta (residencias puente, trabajo no mercantil, redes de reabsorción), esa población no “queda al margen”: se vuelve disponible.
Aquí el error común es imaginar reclutamiento violento o espectacular. En la práctica, la mayoría de las incorporaciones son de bajo perfil: transporte, vigilancia, intermediación, cobro, logística mínima. Es infraestructura humana barata, adaptable y reemplazable. La IA no elimina este mercado; lo abarata, al erosionar empleos sin crear espacios de transición.
La convergencia
Cuando ambos vectores se cruzan aparece un nuevo régimen: captura infraestructural con base humana. El crimen organizado deja de ser meramente parasitario y se vuelve administrador de continuidad. Garantiza orden local, operación cotidiana y resolución informal de conflictos alrededor de activos estratégicos, mientras el Estado protege el activo sin absorber a la población circundante.
El resultado no es un “Estado fallido” clásico, sino algo más estable y más difícil de revertir: gobernanza paralela silenciosa. La violencia se reduce porque no es necesaria; la dependencia aumenta porque no hay alternativas.
Implicación central
El riesgo no es que la IA destruya empleos rápidamente, ni que el litio o los centros de datos atraigan violencia inmediata. El riesgo es más lento y más profundo:
cuando la economía expulsa personas y el Estado solo protege activos, el poder termina administrando la vida.
Sin amortiguadores humanos, cada nueva infraestructura estratégica, digital o energética, se convierte en un nuevo botín. Y sin políticas de reabsorción, cada persona desplazada se convierte en recurso disponible para quien sí ofrece orden, ingreso y pertenencia, aunque sea coercitiva.
