Luego de 18 años de permanecer sepultados en la mina Pasta de Conchos, el Gobierno federal confirmó el hallazgo de restos humanos en una galería ubicada a 145 metros de profundidad, una distancia menor a la estimada en 2006 por los rescatistas de Grupo México y el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos. Asimismo, las autoridades informaron que no encontraron indicios de una explosión por gas natural como habían señalado las autoridades para justificar el cierre de la mina.
El Gobierno federal y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) confirmaron el hallazgo de los restos humanos que corresponderían a 13 mineros que fallecieron en el derrumbe ocurrido el 19 de febrero de 2006 en la mina de Pasta de Conchos, ubicada en San Juan de Sabinas, Coahuila.
El Gobierno federal informó que en las galerías situadas a 146 metros de profundidad, no se han encontrado indicios de que hubiera ocurrido una explosión que redujera las posibilidades de supervivencia, como Grupo México e Industrial Minera México sostuvieron hace 18 años para justificar el sellado del socavón.
Las autoridades informaron que en el lugar del hallazgo, las bitácoras indican que 13 mineros se encontraban trabajando el día en que ocurrió el derrumbe. El sitio se encuentra a unos metros más de distancia de la profundidad en la que se encontró uno de los cuerpos de los trabajadores, días después de que ocurrió la tragedia.
La madrugada del 19 de febrero, 65 mineros quedaron atrapados tras el derrumbe en la mina de Pasta de Conchos, otros 11 que lograron salir, resultaron con quemaduras. Tras el desastre se logró rescatar los cuerpos de dos trabajadores. Uno de ellos falleció por quemaduras y fue encontrado casi en la entrada; el segundo, se recuperó a más de 100 metros de profundidad. Durante casi dos décadas la distancia en la que se encontraban los mineros fue imprecisa.
El 21 de febrero, el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, declaró a los medios que los ventiladores seguían funcionando. Sin embargo, en cuestión de días, la versión de que los trabajadores se encontraban con vida en las profundidades de la mina fueron minimizadas por las autoridades.
El 23 de febrero, Grupo México, propiedad de Germán Larrea, hizo una primera exploración, sin encontrar a nadie. Al día siguiente, realizó un segundo ingreso a más de 2.8 kilómetros de profundidad, pero tampoco hallaron a los trabajadores. Comenzó a manejarse la hipótesis de que los mineros se encontraban enterrados bajo escombros, o que habían sido impulsados a una parte más profunda de la mina.
El 24 de febrero, Grupo México suspendió las labores de rescate debido a que se registraron altos niveles de gas natural. Finalmente, el 25 de febrero, el emporio minero declaró que no había posibilidad de que los trabajadores sobrevivieran tras la explosión por gas natural. Un día después, las autoridades federales anunciaron que la mina sería cerrada.
Claudia Escobar Pacheco, esposa de o Raúl Villasana Cantú, una de las víctimas, relató a La Jornada que por las condiciones en que se encontró la galería, las autoridades les indicaron que no hay indicios de explosión y condenó que quienes condujeron los rescates en 2006, «los dejaron morir» a la espera de ser rescatados.
“Ella [Laura Velázquez titular de Protección Civil] dijo algo que es muy importante para nosotros, que ahí no hay explosión, que ahí está como si no hubiera sido nada más el caído [derrumbe], pero no hay nada quemado; los dejaron morir”,
“Estamos muy consternados porque siempre fue un ‘a lo mejor’, pero ahorita es algo que ya está comprobado, todavía se van a hacer muchos estudios, pero todo lo que apunta es que los dejaron morir”, dijo la viuda de Villasana Cantú a La Jornada.
La Organización Familia Pasta de Conchos (OFPC) publicó este miércoles un posicionamiento en el afirmaron haber tenido razón durante los últimos 18 años.
‼️COMUNICADO DE PRENSA Sobre el hallazgo de restos en la mina #PastaDeConchos: TENÍAMOS RAZÓN, Siempre la Verdad estuvo de nuestro lado. pic.twitter.com/1bPuksi638
— PastadeConchos (@PASTADECONCHOS) June 12, 2024
A casi dos décadas de la tragedia, los familiares de las víctimas siguen exigiendo que se investigue a los responsables. La OFPC informó que buscan que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) atraiga el caso y se responsabilice al Estado mexicano por violar los derechos a la vida, a la integridad, garantías judiciales, derechos económicos, sociales y culturales de los trabajadores y sus familiares.
