Magistrados regionales y jueces se sumarán al paro nacional contra la Reforma Judicial para exigir que se detenga el proceso de aprobación de la iniciativa y se reinicie el debate público hasta alcanzar una propuesta integral que haga frente a los problemas en la impartición de justicia.
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) emitió la declaratoria formal de suspensión de actividades que iniciará a partir de las 0:00 horas del 21 de agosto. El paro se llevará a cabo en todas las instancias del Poder Judicial con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
La protesta surgió en contra de la Reforma Judicial que será discutida por los legisladores el 26 de agosto. Entre las propuestas más polémicas de la iniciativa destaca la eliminación de la carrera judicial para que los jueces y magistrados sean elegidos por votación popular. Tras una serie de discusiones y foros. El grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) planteó que el Instituto Nacional Electoral (INE) convoque a una elección de carácter extraordinaria para que la ciudadanía vote por jueces, magistrados y otros cargos en 2025 y una segunda elección para el 2027.
Los trabajadores del Poder Judicial de la Federal (PJF) consideran que la propuesta de reforma atenta contra los derechos de la clase trabajadora y erradica la carrera judicial.
En el posicionamiento publicado este martes, la Jufed declaró la suspensión de actividades en plenos regionales, tribunales colegiados de circuito auxiliares, tribunales colegiales de apelación, juzgados de distrito, juzgados de distrito auxiliares, tribunales laborales federales, centros de justicia penal federal, Centro Nacional de Justicia Especializado en Técnicas de Investigación, y Arraigo e Intervención de Comunicaciones.
En el documento la asociación precisó que la declaratoria fue emitida después de que la actual legislatura no tomó en cuenta el análisis crítico de la sociedad respecto a la iniciativa de Reforma Judicial, ni escuchó los argumentos de los trabajadores del PJF, quienes consideran que la propuesta de reforma «es contraria en grado extremo a los principios que rigen una república democrática, representativa y federal, tales como la división de poderes y la tutela judicial efectiva de la ciudadanía y el de independencia judicial».
La principal exigencia de los trabajadores del PJF es que los legisladores detengan la discusión de la iniciativa y que se reinicie el debate público para alcanzar una «propuesta integral bien meditada» que haga frente a las deficiencias en la calidad de la justicia.
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