Al concluir el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, México enfrenta una crisis de inseguridad que no logró revertirse. Con 217,229 homicidios dolosos y 51,301 personas desaparecidas y no localizadas desde 2018, la estrategia de seguridad implementada por la Cuarta Transformación dejó importantes déficits. La violencia persistió en varias regiones del país, mientras que los cárteles siguieron confrontando al Ejército, poniendo en duda la efectividad de la Guardia Nacional.
Al concluir el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, los retos en materia de inseguridad persisten y se perfilan como la tarea más complicada para la Cuarta Transformación.
La creación de la Guardia Nacional como herramienta central en el combate al crimen organizado representó un cambio radical en la estrategia de seguridad. Esto implicó una redistribución de las Fuerzas Armadas a lo largo del país y una reconfiguración del papel de los cuerpos de seguridad a nivel estructural. Sin embargo, este viraje no se tradujo en un impacto visible en las calles. La violencia no solo continuó, sino que se intensificó en algunas zonas, con nuevos focos rojos, como el caso de Chiapas en el sur del país.
México siguió siendo un campo de batalla, donde los cárteles enfrentaron al Ejército. Este conflicto de baja intensidad culminó con una escalada de violencia en Sinaloa tras la detención de Ismael «El Mayo» Zambada por autoridades estadounidenses. Un informe de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), actualizado al 4 de julio de 2024, señaló que entre 2018 y la mitad de 2024, las fuerzas armadas participaron en 1,688 enfrentamientos, en los que 100 militares perdieron la vida y 486 resultaron heridos. Por otro lado, 1,255 presuntos agresores civiles fueron abatidos.
Los ríos de armas y droga que desde el surgimiento de la «Guerra contra el crimen organizado» han lacerado al país, todavía mantienen su caudal desbordado. El último informe de seguridad del Gobierno Federal reportó que, entre diciembre de 2018 y el 2 de septiembre de 2024, se incautaron 53,860 armas y casi 20 millones de cartuchos. Además, las autoridades confiscaron 8,306 kg de fentanilo, 737,304 kg de metanfetamina y 235,690.8 kg de cocaína, junto con el desmantelamiento de 2,592 laboratorios de metanfetamina.
En este contexto, los homicidios dolosos y las desapariciones forzadas han sido un recordatorio constante del déficit en la gestión de la seguridad. Pese a los esfuerzos, el país sigue sumido en el dolor y la violencia que no cedió con el cambio de estrategia del primer gobierno dirigido por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Si bien hubo algunos avances, la promesa de un cambio radical en materia de seguridad tendrá que esperar al menos un sexenio más.
Entre el 1 de diciembre de 2018 y el 1 de septiembre de 2024, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNL) documentó 51,301 desaparecidos en todo el país. Jalisco se erigió como la entidad más afectada, con 5,600 hombres, 1,096 mujeres y dos personas de sexo indeterminado. El Estado de México también presentó cifras alarmantes, con 3,325 hombres, 2,069 mujeres desaparecidos y 2 personas de sexo indeterminado.
Durante todo el sexenio, los homicidios dolosos mantuvieron cifras mensuales por encima de los 2,000 casos. En total, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) registró 217,229 homicidios dolosos entre enero de 2018 y agosto de 2024.
Con la conclusión del sexenio de López Obrador, los pendientes en la gestión de la seguridad serán un asunto demandante para el gobierno que encabezará la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo. La falta de respuestas efectivas ante una crisis que parece insuperable, sigue cobrando vidas y subraya la urgencia de replantear estrategias y buscar soluciones que realmente prioricen la seguridad y el bienestar de los ciudadanos más allá de las narrativas políticas.
