El decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Esta reforma, que surge de la reciente reforma judicial, tiene como objetivo establecer un nuevo marco legal para la impugnación de los actos relacionados con la elección de jueces, ministros y magistrados del Poder Judicial de la Federación, permitiendo así que los procesos electorales en esta área sean más transparentes y accesibles para la ciudadaní
Este miércoles fue publicado en la Diario Oficial de la Federación (DOF) el nuevo decreto que modifica la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Esta reforma surge como resultado de la reciente transformación del Poder Judicial, que incluyó la facultad de voto para la elección de jueces, ministros y magistrados, y tiene como objetivo fortalecer los mecanismos de impugnación en el ámbito electoral.
El decreto, que fue publicado en el DOF, reformó y adicionó diversas disposiciones que afectan la forma en que se impugnan las decisiones relacionadas con las elecciones de los órganos de justicia de la nación. Entre las modificaciones más relevantes se encuentran cambios en los artículos 49, 50, 53, 55, 61, 71 y 79, que establecen nuevos plazos y procedimientos para la impugnación de los resultados de las elecciones del Poder Judicial.
Uno de los puntos centrales de esta reforma es el establecimiento del juicio de inconformidad para impugnar las determinaciones de las autoridades electorales federales durante el proceso electoral de selección de personas juzgadoras del Poder Judicial. Esto incluye la capacidad de los candidatos para presentar impugnaciones en caso de irregularidades en la elección, promoviendo así un entorno de mayor transparencia y rendición de cuentas.
La reforma también establece plazos específicos para la presentación de impugnaciones. Por ejemplo, cuando se impugne la elección de ministros de la Suprema Corte, la acción deberá promoverse dentro de los cuatro días siguientes a la declaración de resultados del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE). Este plazo es crucial para asegurar que las controversias se resuelvan de manera oportuna y que los procesos electorales se desarrollen de forma efectiva.
Además, se añaden nuevas causales de nulidad que amplían las condiciones bajo las cuales una elección puede ser considerada inválida. Estas incluyen la acreditación de irregularidades en al menos el 25% de las casillas instaladas y la inelegibilidad de las candidaturas ganadoras, entre otras.
La creación de un nuevo Libro Séptimo de «Del Juicio Electoral» introduce procedimientos específicos para impugnar actos que restrinjan el derecho a ser votado por parte de las candidatas a magistradas y juezas del Poder Judicial, permitiendo así que sólo quienes demuestren un interés jurídico puedan promover un juicio electoral.
El decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación, lo que marca un paso importante hacia la consolidación de un sistema judicial más transparente y participativo en México. Esta reforma, parte de un esfuerzo más amplio para mejorar la gobernanza y la transparencia en el país, también refleja el compromiso del gobierno de Sheinbaum Pardo por fortalecer la independencia del Poder Judicial y garantizar el respeto a los derechos político-electorales de los ciudadanos.
