La disolución del Instituto Nacional de Transparencia (INAI) y la reconfiguración del sistema de acceso a la información pública en México generan preocupación entre expertos y ciudadanos. Con la posible desaparición de herramientas como la Plataforma Nacional de Transparencia y el acompañamiento del INAI en casos de negación de datos, el país podría enfrentar un retroceso en materia de transparencia y rendición de cuentas, afectando la confianza ciudadana y la lucha contra la corrupción.
El acceso a la información pública en México ha sido una herramienta clave para la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. A través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), los ciudadanos podían acceder a miles de contratos, documentos y datos oficiales sin necesidad de realizar una solicitud específica. Sin embargo, este panorama parece estar en riesgo tras los recientes anuncios de cambios estructurales que implican la posible desaparición del INAI y la reconfiguración del sistema de acceso a la información pública.
La opinión del expresidente Andrés Manuel López Obrador respecto a que el INAI y otros organos autónomos fueron creados durante el periodo neoliberal para favorecer a las amistades y socios de los poderosos deja de lado que el instituto ha sido una de las principales fuentes de obtención de información sobre actos de corrupción, cuyas denuncias a través de investigaciones periodísticas fue fundamental para consolidad la transición política que vive el país.
El problema que los expertos y periodistas han observado en la desaparición del INAI no está vinculado a la protección y conservación del antiguo régimen, sino a la protección del derecho de acceso a la información porque simpelemente requieren ejercer este derecho para realizar su trabajo. Por otro lado, la exitnción del órgano de acceso a la información también beneficiará, al menos durane el periodo de reconfiguración, a aquellos sujetos obligados de cualquier partido u orden de gobierno que se han negado a entregar información o buscan contiuar en la opacidad.
Raquel Buenrostro, actual secretaria de la Función Pública, advirtió que el sistema Compranet, encargado de gestionar la información de contratos públicos, se encuentra en estado obsoleto y solo permitirá acceder a contratos generados hasta 2022 tras una actualización. La funcionaria, quien estará al frente de la nueva Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, no ha aclarado si los contratos más recientes serán publicados en el corto plazo. Esto genera incertidumbre sobre si se logrará el nivel de actualización que mantuvo el INAI tras años de esfuerzo y acumulación de experiencia.
«Había un sistema de CompraNet 5.0, quedó obsoleto y estaban ahí… ese sistema obsoleto tenía los contratos de 2012 al 2022. Ahorita estamos trabajando para extraer toda esa información y ponerla a la vista, en los primeros 100 días van a tener ya toda la información en todo», afirmó la funcionaria.
El PNT ofrecía herramientas avanzadas, como buscadores temáticos lanzados en 2020 que permitían consultar contratos escaneados de dependencias de los tres órdenes de gobierno. Este sistema, considerado avanzado incluso frente a portales internacionales como el USA Spending de Estados Unidos, permitía una búsqueda ágil y directa de documentos, algo que ahora se pone en duda con la reestructuración de la transparencia en México.
Durante una conferencia de la UNESCO titulada «Hacia gobiernos más transparentes a nivel subnacional: ¿qué sabemos del acceso a la información local en América Latina y el Caribe?», Guillermo Cejudo, profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), destacó los avances en la materia tras la reforma constitucional de 2014. Esta reforma buscaba unificar el derecho al acceso a la información pública en todo el país, aunque con diferencias notables en su implementación a nivel subnacional, debido a las capacidades institucionales desiguales entre los órganos garantes de las distintas entidades federativas. México había logrado un sistema nacional de transparencia que buscaba reducir esta heterogeneidad.
Sin embargo, la actual propuesta de reforma constitucional, que ya cuenta con dictamen favorable en una comisión del Poder Legislativo, amenaza con desmantelar no solo el INAI, sino también el Sistema Nacional de Transparencia (SNT), el cual ha sido crucial para contener retrocesos en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Esto representaría un retroceso en la transparencia en México, devolviendo al país a rezagos similares a los que aún se enfrentan en otras naciones de América Latina.
Uno de los aspectos más preocupantes de esta reforma es que, al desaparecer el INAI, también se eliminaría el acompañamiento que el instituto brinda a los solicitantes de información. El INAI no solo gestionaba solicitudes, sino que también orientaba a los ciudadanos cuando se les negaba el acceso a la información, permitiéndoles interponer recursos de revisión. Sin esta asistencia, los ciudadanos enfrentarán un proceso mucho más burocrático y tendrán que recurrir a la vía legal para obtener la información, lo que podría desincentivar la búsqueda de transparencia y otorgar más margen a los sujetos obligados para no cumplir con la entrega de datos, a pesar de que la ley lo garantice.
Casos emblemáticos, como el del sistema de espionaje Pegasus, en el que el INAI ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) entregar la versión pública del contrato para su adquisición, podrían quedar en el olvido sin un intermediario que defienda a los ciudadanos. Este año, el INAI también solicitó a la Secretaría de Bienestar explicar el uso de los 2.7 billones de pesos asignados entre 2019 y 2024. Sin una institución como el INAI, la rendición de cuentas en estos casos se verá seriamente afectada. Estos son solo dos ejemplos del trabajo que ha realizado el instituto.
La disolución del INAI no solo representa un riesgo para el acceso a la información pública, sino también para la confianza ciudadana en las instituciones. México se enfrenta a la posibilidad de un periodo de retroceso en la transparencia que podría prolongarse por años, con consecuencias para el combate a la corrupción y la participación cívica. La incertidumbre sobre el futuro del acceso a la información pública es una señal de alerta para quienes ven en la transparencia una piedra angular de la democracia en el país.
