La Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma que establece la supremacía constitucional y la “inimpugnabilidad” de las modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El mismo día, ocho minstros de la SCJN presentaron su renuncia al Senado.
La Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma que establece la supremacía constitucional y la inimpugnabilidad de las modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La votación resultó en 340 votos a favor, 133 en contra y 1 abstención.
Esta reforma determina que las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad en contra de las adiciones o reformas constitucionales serán consideradas improcedentes. Además, se modifican artículos clave para establecer que los asuntos en trámite deberán resolverse conforme a las nuevas disposiciones.
La votación del Pleno tuvo lugar el mismo día en que el Senado recibió la renuncia de ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), entre ellos, la presidenta Norma Piña, quienes no están de acuerdo en su pase directo a las elecciones del 2025 en las que se votará por jueces, ministros y magistrados. La renuncia de los ministros de la Corte tuvo lugar en medio de la pugna del Poder Judicial por revocar la Reforma Judicial a partir de impugnaciones.
¿Qué dice el decreto?
La reforma introduce cambios importantes en cómo se pueden impugnar (es decir, cuestionar) las reformas a la Constitución:
Improcedencia de impugnaciones: A partir de ahora, no se podrán presentar controversias constitucionales ni acciones de inconstitucionalidad en contra de las reformas que se realicen a la Constitución. Esto significa que si alguien no está de acuerdo con un cambio en la Constitución, ya no podrá acudir a los tribunales para que se revise si ese cambio es legal o no.
Efecto retroactivo: Las nuevas disposiciones también afectarán a los casos que ya están en proceso en los tribunales. Todos los asuntos que estén en trámite deberán resolverse de acuerdo con las nuevas reglas, ignorando las normas que estaban vigentes cuando se iniciaron esos casos. Esto implica que las personas que habían iniciado un proceso legal ya no podrán beneficiarse de las normas anteriores, lo que podría limitar su acceso a la justicia.
Limitación del juicio de amparo: El juicio de amparo, que es una herramienta legal que permite a los ciudadanos proteger sus derechos, no podrá utilizarse contra las adiciones o reformas a la Constitución. Esto significa que las personas no podrán defenderse legalmente si sienten que una reforma les afecta directamente.
