Desde junio el presidente Andrés Manuel López Obrador anticipó que iba a litigar para «defender los intereses de la nación».
El Consejo jurídico de la Presidencia presentó un recurso de reclamación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para impugnar las suspensiones que el máximo tribunal otorgó al Gobierno de Tamaulipas y a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) para impedir la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional.
La política impide la entrada de energías renovables al país y las restringe ante la Agencia Internacional de Energía. Rocío Nahle, secretaria de Energía, justificó esta disposición debido a que este tipo de energías es intermitente y requiere de manera eventual de respaldo con gas natural.
En mayo, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenece)impidió la entrada de operaciones de centrales fotovoltaicas y eólicas a causa de la epidemia por el COVID-19. Los quejosos alegan que la política de energía restringe la competitividad de las empresas del sector.
Las suspensiones 89/2020 y 95/2020 fueron concedidas por Luis María Aguilar Morales, ministro adscrito a la Segunda Sala de la SCJN el 3 de julio como parte del inicio de una revisión a la controversia constitucional a la política de energía. El amparo solicitado por el Gobierno de Tamaulipas continuará vigente hasta que se determine la resolución del máximo tribunal.
En junio el presidente Andrés Manuel López Obrador apoyó la política porque mencionó que las empresas privadas que producen en México energías renovables tenían más privilegios que las empresas estatales y anticipó desde aquella fecha que buscaría impugnar la suspensión para defender los intereses de la nación.
“Todos los que sean, claro que vamos a litigar, vamos a defender la hacienda pública, vamos a defender los intereses de la nación, claro que lo vamos a hacer”, sostuvo el primer mandatario.
