La Sala de Cuestiones Preliminares I de la Corte Penal Internacional (CPI) rechazó las impugnaciones presentadas por el Estado de Israel respecto a su competencia en la situación del Estado de Palestina y emitió órdenes de arresto contra Benjamin Netanyahu, Primer Ministro de Israel y Yoav Gallant, ministro de Defensa, así como contra Mohammed Deif, líder de Hamás, por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
Decisiones sobre las impugnaciones de Israel
Israel había presentado dos solicitudes el 26 de septiembre de 2024. En la primera, cuestionó la competencia de la CPI para investigar la situación en Palestina, argumentando que el tribunal no tenía jurisdicción sobre ciudadanos israelíes. En la segunda, solicitó que la Fiscalía emitiera una nueva notificación sobre el inicio de la investigación y la suspensión de los procedimientos, incluidas las órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant.
La Corte determinó que su jurisdicción se basa en el territorio de Palestina, reconocida como Estado Parte del Estatuto de Roma desde 2015. Además, concluyó que las impugnaciones eran prematuras y que no existían fundamentos para una nueva notificación, ya que Israel había sido informado en 2021 sobre la investigación, sin presentar objeciones en ese momento.
Órdenes de arresto y crímenes imputados
La Corte emitió órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant por crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos entre el 8 de octubre de 2023 y el 20 de mayo de 2024. Entre los cargos destacan:
- Crímenes de guerra: Uso de la hambruna como método de guerra, ataques dirigidos contra la población civil y obstrucción de ayuda humanitaria en Gaza.
- Crímenes de lesa humanidad: Asesinatos, persecuciones y actos inhumanos, como la privación de suministros básicos y medicinas, lo que resultó en muertes por desnutrición y deshidratación, incluidos niños.
La Sala también vinculó a Mohammed Deif, líder de Hamás, con crímenes graves, incluidos ataques intencionados contra civiles israelíes.
Fundamentos legales
La Corte consideró que las acciones de Netanyahu y Gallant violaron el derecho internacional humanitario, al privar deliberadamente a la población de Gaza de bienes esenciales. Además, señaló que las restricciones no tenían justificación militar y que las decisiones relacionadas con la ayuda humanitaria respondían a presiones internacionales, en lugar de cumplir con las obligaciones legales de Israel.
Reacciones y contexto
La decisión de la CPI se enmarca en una larga disputa legal y política sobre la jurisdicción en Palestina. Desde 2018, Palestina había remitido a la Corte los crímenes cometidos en su territorio desde 2014. En 2021, la Fiscalía inició la investigación tras determinar que la jurisdicción de la Corte abarcaba Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental.
El fallo representa un hito en los esfuerzos de la justicia internacional para abordar crímenes graves en conflictos prolongados, aunque se anticipan retos políticos y legales para la implementación de las órdenes de arresto.
Orden de arresto contra líder de Hamas
la CPI también emitió una orden de arresto contra Mohammed Deif, comandante de las Brigadas al-Qassam, vinculándolo con crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos durante la llamada «Operación del 7 de octubre». La orden, inicialmente clasificada como “secreta”, fue parcialmente divulgada por la Sala con el objetivo de alertar sobre la gravedad de los hechos, proteger a testigos y garantizar el interés de las víctimas y sus familias.
Acusaciones contra Mohammed Deif
La CPI encontró motivos razonables para creer que Mohammed Deif, nacido en 1965, actuó como principal responsable de los crímenes cometidos por Hamás. Entre las acusaciones destacan:
- Crímenes de lesa humanidad: asesinato, exterminio, tortura, violación y otras formas de violencia sexual.
- Crímenes de guerra: asesinato, tratos crueles, tortura, toma de rehenes, ultrajes a la dignidad personal y violencia sexual.
Deif, como comandante de las Brigadas al-Qassam, presuntamente ejecutó los actos directamente, los ordenó o indujo su comisión, y falló en ejercer un control adecuado sobre sus subordinados.
Operación del 7 de octubre
La CPI documentó la planificación y ejecución de un ataque sistemático y generalizado contra civiles israelíes. Durante la operación, que comenzó con lanzamientos de cohetes a comunidades israelíes, combatientes de Hamás llevaron a cabo masacres en localidades como Kfar Aza, Nir Oz, Be’eri, Nahal Oz y en el festival musical Supernova, donde dispararon a civiles con armas semiautomáticas y lanzaron granadas.
El tribunal calificó los asesinatos como crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Además, destacó que la operación incluyó la captura y retención de civiles como rehenes, trasladados posteriormente a Gaza. Estas acciones, realizadas con el objetivo de negociar intercambios de prisioneros, constituyen el crimen de guerra de toma de rehenes.
Violencia sexual y tortura
La Sala reveló que varios rehenes, en su mayoría mujeres, fueron sometidos a violaciones, desnudez forzada y trato degradante mientras estuvieron cautivos en Gaza. Estas prácticas fueron calificadas como crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
Contexto jurídico y político
La jurisdicción de la CPI sobre Palestina se remonta a 2015, cuando el Estado de Palestina aceptó formalmente el Estatuto de Roma. Desde entonces, la Fiscalía ha recibido múltiples remisiones de países como Sudáfrica, Bangladesh, Bolivia, Comoras, Yibuti, Chile y México, quienes han respaldado la investigación sobre posibles crímenes cometidos en el territorio palestino.
El tribunal también concluyó que tanto el derecho internacional humanitario aplicable a conflictos armados internacionales como el relacionado con conflictos no internacionales eran relevantes para los crímenes atribuidos a Hamás.
Implicaciones de las órdenes de arresto
Las órdenes emitidas contra Deif, Netanyahu y Gallant enfrentan desafíos en su implementación, dado que ni Israel ni Hamás reconocen la jurisdicción de la CPI. Sin embargo, las decisiones marcan un precedente importante en la búsqueda de justicia internacional y representan un esfuerzo por abordar las violaciones masivas de derechos humanos en el conflicto israelo-palestino.
