La Policía Nacional desarticuló una red criminal que introducía hachís en España desde Marruecos utilizando drones de fabricación artesanal. Las aeronaves, fabricadas en Ucrania y capaces de transportar hasta 10 kilos de droga por vuelo, operaban entre el Campo de Gibraltar y la Costa del Sol. La operación dejó diez detenidos, siete de ellos en prisión, y permitió incautar tres “narcodrones” y grandes cantidades de dinero y estupefacientes.
Una organización criminal que utilizaba drones de fabricación artesanal para introducir hachís desde Marruecos hacia España fue desmantelada por la Policía Nacional en una operación que resultó en la detención de diez personas y la realización de seis registros domiciliarios en Algeciras y Marbella.
Los “narcodrones”, con capacidad para transportar hasta 10 kilos de hachís por vuelo y una autonomía superior a los 50 kilómetros, eran fabricados en Ucrania y trasladados por carretera hasta el sur de España. Desde allí, se utilizaban para sobrevolar las aguas del Estrecho de Gibraltar y arrojar la droga sin necesidad de aterrizar.
La investigación, iniciada hace más de un año, permitió identificar a esta organización asentada en el Campo de Gibraltar y la Costa del Sol, la cual colaboraba con redes locales para distribuir los estupefacientes. Según las autoridades, la red habría intentado transportar hasta mil kilos de hachís mediante este sistema.
Colaboración internacional
La operación contó con el apoyo de EUROPOL y de las autoridades policiales de Ucrania y Polonia. Durante los registros se incautaron tres drones, uno de ellos en fase de construcción, dispositivos de control remoto, herramientas de reparación, dinero en efectivo y una cantidad considerable de hachís.
De los diez detenidos, siete ya han ingresado en prisión por orden del Juzgado de Instrucción número 5 de Algeciras. Las autoridades continúan investigando posibles vínculos de la organización con otros grupos delictivos en Europa.
Esta operación destaca la sofisticación creciente de las redes de tráfico de drogas y su capacidad para adaptar tecnologías emergentes a actividades ilícitas, lo que plantea nuevos desafíos para las fuerzas de seguridad.
