Las Reformas la Ley Federal de Derechos de Autor (LFDA) y al Código Penal Federal abre la puerta a la censura, aseguran defensores de derechos digitales.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó una acción de inconstitucionalidad en contra de las Reformas la Ley Federal de Derechos de Autor (LFDA) y al Código Penal Federal, que fueron aprobadas el 1 de julio de este año.
En el marco de la legislación, organizaciones civiles y especialistas señalaron que esta nueva Ley podría abrir la puerta a acciones sistemáticas de censura y de paso, privilegiaría los intereses de grandes corporaciones sobre la libertad de expresión de los ciudadanos mexicanos.
La Reforma fue promovida por Ricardo Monreal, senador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) con la justificación de que era necesario cumplir con los compromisos que contrajo el país en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), estipulados en el capítulo de Propiedad Intelectual.
La reforma faculta a los proveedores de servicios digitales a retirar contenidos que sean publicados en sus plataformas si un tercero reclama la titularidad de los derechos autor, aun cuando no lo compruebe.
En este escenario, un contenido que señale o critique a un personaje público podría ser fácilmente removido si alguien lo reclama como propio, sin necesidad de que demuestre que se violan sus derechos de autor, por lo menos en el periodo en que se realiza la investigación, han denunciado especialistas en la materia.
Por otro lado, la Reforma también prohíbe la alteración, reparación o intervención de dispositivos digitales por medio de procesos que no estén acreditados por las compañías fabricantes y se incrementan las acciones penales.
Debido a que los consumidores de plataformas digitales serían afectados, la legislación generó alarma entre organizaciones nacionales e internacionales, quienes pidieron a los legisladores que se diera reversa a la medida sin ser escuchados.
De acuerdo con la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), tras la publicación de la Reforma en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 1 de julio, un grupo de 30 organizaciones y colectivos solicitaron a la CNDH que interviniera en el proceso, ya que uno de los derechos que esta Reforma violenta es el de la libertad de expresión.
Durante el mes de julio el grupo de defensores de derechos digitales recolectó 70 mil correos electrónicos que pedían a la CNDH que promoviera el recurso de inconstitucionalidad. Ahora la CNDH busca que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deje la Reforma sin efectos.
DECLARAR INCONSTITUCIONALIDAD SERÁ COMPLICADO
No es la primera vez que una Reforma en materia de comunicación atenta contra las libertades de los mexicanos, en el ámbito local se han promovido varias iniciativas orientadas a la regulación de las redes sociales.
Asimismo, existe un antecedente de declaración de inconstitucionalidad en contra de las reformas a Ley Federal de Telecomunicaciones (LFT) y Ley Federal de Radio y Televisión (LFRT), iniciativa que fue conocida como Ley Televisa y que fue aprobada de fast-track en el 2006, en medio de irregularidades.
En ese año, un grupo de legisladores interpusieron el recurso ante la SCJN, y meses más tarde declaró inconstitucional 6 artículos, 16 párrafos y partes de los textos de la ley, además de que se acreditaron omisiones legislativas.
Aunque en el contexto actual, la impugnación de la Reforma a la LFDA es mucho más complicado debido a que existe una tendencia global orientada al aumento de filtros de contenido para blindar los derechos de autor de las grandes corporaciones de la industria del entretenimiento. En 2019, un grupo de activistas emprendió una batalla similar en el marco de la aprobación de reforma al Artículo 13 de la Ley de Copyright, que fue aprobada en el 2019 por el Parlamento Europeo.
Con esta acción se responsabilizó a las redes sociales de las infracciones que cometan sus usuarios y obliga a las compañías digitales como YouTube y otras a implementar filtros de contenido para evitar que los usuarios violen los derechos de autor de los gigantes del entretenimiento.
Defensores de derechos digitales, entre ellos, la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), también interpusieron reclamaciones ante esta normativa desde el 2016.
