El 6 de agosto del 2014, los ríos Sonora y Bacanuchi se convirtieron en uno de los escenarios más catastróficos de la historia de México a causa de un accidente ecológico, seis años después los afectados continúan en pugna de que se cumplan los compromisos.
El ecocidio provocado por el derrame de 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado en los ríos Sonora y Bacanuchi por irresponsabilidad de Grupo México no ha tenido en seis años «ni remediación, ni justicia, ni posturas claras de las autoridades», denunciaron los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS).
A pesar del cambio de Gobierno, los afectados por el derrame denunciaron que no se han cumplido los compromisos en el plan de remediación de los ríos Sonora y Bacanuchi. Asimismo, los afectados indicaron a través de un comunicado que tampoco se ha garantizado que los derrames tóxicos no volverán a ocurrir.
Por su parte, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) reconoció el 4 de agosto que existen aún acciones pendientes por materializar. Entre estas destacó el incumplimiento de Grupo México de pagar una indemnización por 2 mil millones de pesos a los afectados.
De acuerdo con la Semarnat, 36 personas promovieron amparos por el mal manejo del Fideicomiso Río Sonora y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) está en espera de la resolución que tome el Juez de Distrito. La dependencia también indicó que tiene información de que los montos pagados por la empresa fueron menores a los que se había comprometido.
AMPAROS HISTÓRICOS
Los afectados han padecido a raíz del derrame que ocurrió el 6 de agosto del 2014 una larga lucha, tanto en los tribunales como frente a las autoridades y una de las empresas más poderosas del país.
En 2016, interpusieron un amparo contra Grupo México. En el 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló a favor de los afectados; también obtuvieron a su favor la resolución en contra del cierre del fideicomiso Río Sonora.
A seis años del accidente ecológico, las poblaciones se encuentran a la espera de otros fallos sobre amparos relacionados con la calidad del agua, de la Zona Económica Especial Río Sonora y temas de salud.
Los CCRS denunciaron que aunque las autoridades muestran intención de diálogo, los compromisos no se materializan. Sobre todo se mantienen a la expectativa de que ocurra un nuevo derrame porque no hay garantías de que están a salvo.
📽️Somos los pueblos dignos del Río Sonora. Pueblos que luchan y que miran de frente.
Hace 6 años, el derrame tóxico de #GrupoMéxico nos dejó sin futuro.
Hoy decimos a @Lopezobrador_: ¡no puede pasar más tiempo! Por nuestro futuro, exigimos #6AccionesParaElRío #RíoSonora6👊 pic.twitter.com/wXanfqzLgx
— Comités Cuenca SON (@CuencaRioSonora) August 6, 2020
AHORA PLANEAN CONSTRUIR UNA PRESA DE DESECHOS
Los afectados denunciaron que Grupo México tiene en pie un proyecto para llenar una megapresa con jales (residuos de minería) que implicarán millones de litros de desechos. Asimismo, pretenden llenar un acueducto para abastecer de agua sus operaciones mineras.
Según los integrantes del los CCRS, en tanto que Grupo México continúa su desarrollo minero, los agricultores de la región no consiguen los permisos necesarios para regar sus tierras y dar de beber al ganado.
También se encuentran en abandono 36 potabilizadoras y los habitantes del Río Sonora y Bacanuchi enfrentan obstáculos para acceder a su derecho a la salud. En tanto que la construcción de una clínica de especialidades de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental del Estado de Sonora (UVEAS) continúa en obra negra.
A seis años de la tragedia los habitantes de la región piden a las autoridades garantizar derechos básicos como al agua limpia y suficiente,a la salud, a reactivar la economía desde abajo, y también que se deje de privilegiar a las mineras sobre las comunidades, así como permitirles decidir sobre el Fideicomiso Río Sonora y cancelar la presa de jales de Grupo México.
