La Cámara de Diputados aprobó la reforma para crear la Autoridad Nacional de Simplificación y Digitalización, una propuesta impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con el objetivo de agilizar trámites, reducir la burocracia y combatir la corrupción.
La Cámara de Diputados aprobó una serie de modificaciones legales impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que pretenden simplificar y digitalizar los trámites gubernamentales a nivel nacional. Sin embargo, legisladores de distintos partidos advirtieron que el proyecto podría significar una centralización encubierta del poder en detrimento del federalismo y la autonomía de los estados y municipios.
La propuesta, remitida al Senado de la República, contempla la creación de una Autoridad Nacional de Simplificación y Digitalización, cuyas recomendaciones serán vinculantes para la Administración Pública Federal. Aunque el dictamen establece que dichas recomendaciones serán solo “orientadoras” para los gobiernos locales, la inclusión de un plazo de 180 días para que armonicen sus leyes generó críticas entre legisladores de oposición.
El diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena, defendió la reforma y aseguró que busca construir un Estado de derecho más ágil, transparente y eficaz, sin imponer decisiones a los estados. No obstante, reconoció que fue necesario ajustar siete artículos (9, 10, 23, 32, 43, 47 y 50) para evitar un posible conflicto con el marco constitucional del federalismo.
Por su parte, la diputada Margarita Zavala (PAN) señaló que la iniciativa excede las competencias del gobierno federal y criticó que la reserva aprobada obliga a los congresos estatales y de la Ciudad de México a adecuarse a la nueva ley, sin espacio real para la deliberación local. “No estamos en contra de la digitalización de trámites, sino del engaño legal que vulnera los derechos ciudadanos”, afirmó.
En el mismo sentido, el diputado Ricardo Mejía Berdeja (PT) pidió evitar repetir prácticas de reformas pasadas, donde las entidades federativas solo recibieron el mandato de adecuarse sin participación sustantiva: “No queremos que pase como antes, que se les da la facultad de armonizar, pero se les guardan los secretos”.
El dictamen aprobado establece que, una vez publicado el decreto, se deberán abrogar las leyes locales que deriven de la Ley General de Mejora Regulatoria de 2018 y quedarán sin efecto las disposiciones reglamentarias que se opongan al nuevo marco jurídico.
La diputada Katia Castillo Lozano (Morena) defendió la medida, asegurando que busca garantizar que la transformación digital de los servicios públicos llegue a todas las regiones del país. “No puede haber simplificación de trámites si en algunos estados persisten normas desfasadas que obstaculizan el acceso de la ciudadanía a servicios rápidos y seguros”, dijo.
Sin embargo, expertos y legisladores opositores alertaron que el diseño de la nueva autoridad nacional, al concentrar funciones regulatorias, podría abrir espacio a decisiones unilaterales del gobierno federal, afectando la diversidad normativa y administrativa de cada entidad.
Aunque varios artículos fueron reservados para discusión, la mayoría de las propuestas de modificación fueron retiradas, desechadas o no admitidas, según quedó asentado en el Diario de los Debates.
