La compra consolidada de medicamentos para 2025 y 2026 quedó anulada tras detectarse múltiples irregularidades que hoy tienen bajo la lupa a 59 empresas farmacéuticas, informó la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Entre los señalamientos destacan sobrecostos, falsificación de permisos sanitarios y fallas en el registro ante Cofepris, así como incumplimientos en la entrega de medicamentos en zonas remotas del país.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno investiga a 59 empresas farmacéuticas por irregularidades detectadas en la fallida compra consolidada de medicamentos para 2025 y 2026, proceso que fue anulado tras descubrirse sobrecostos en 175 claves.
Durante su participación en la conferencia “Mañanera del Pueblo”, la titular de la dependencia, Raquel Buenrostro Sánchez, informó que al menos 16 de estas compañías presentan anomalías en su registro sanitario ante la Cofepris, y una ya fue inhabilitada: se trata de Biomics Lab México, S.A. de C.V.
Además, una segunda empresa está bajo investigación por falsificación de permisos sanitarios, caso que será turnado a la Fiscalía General de la República (FGR).
Buenrostro aclaró que no hubo pérdidas económicas para el erario, ya que la licitación fue suspendida antes de concretarse, una vez detectadas las irregularidades.
La funcionaria precisó que se revisa la actuación de todos los involucrados en el proceso de compra, incluidos los funcionarios que firmaron contratos, las claves adjudicadas y las farmacéuticas participantes. Por tratarse de un procedimiento en curso, no se han revelado nombres.
En total, dijo, se identificaron anomalías en unas 650 claves de medicamentos, lo que llevó a reforzar la coordinación con la Secretaría de Salud y la Cofepris para diseñar mecanismos más claros y menos vulnerables a irregularidades.
La investigación se amplió a otras instancias federales. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Agencia Nacional de Aduanas de México ya colaboran en el rastreo de operaciones y documentación relacionada.
Buenrostro hizo un llamado a los directores de hospitales públicos para que ayuden a documentar incumplimientos en la entrega de medicamentos por parte de los proveedores, con el fin de acelerar los procesos de inhabilitación.
Criticó además a las empresas que, dijo, “cínicamente prefieren pagar multas antes que distribuir medicamentos en regiones apartadas del país”, lo que consideró una forma de evadir sus responsabilidades contractuales.
Finalmente, afirmó que las acciones en curso buscan garantizar que la próxima compra consolidada de medicamentos se realice sin corrupción, sin desabasto y con proveedores que cuenten con permisos sanitarios y capacidad real de producción.
