Morena alista comisiones en Senado y Cámara para investigar a Zedillo por Fobaproa y presuntos nexos con narco

Morena alista comisiones en Senado y Cámara para investigar a Zedillo por Fobaproa y presuntos nexos con narco

El conflicto entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León por el manejo del Fobaproa escaló al ámbito legislativo: la mayoría de Morena en el Senado de la República anunció que impulsará la creación de una comisión especial para investigar al exmandatario por presuntas irregularidades financieras y posibles vínculos con redes de narcotráfico, mientras en la Cámara de Diputados se plantea una Comisión de la Verdad para esclarecer uno de los episodios más polémicos del sexenio zedillista.

Tras una semana de confrontaciones públicas entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León, el grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República anunció que impulsará la creación de una comisión especial para investigar al exmandatario por su papel en el manejo del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), y por posibles nexos con redes de narcotráfico.

La senadora Guadalupe Chavira, principal promotora de la propuesta, argumentó desde la tribuna de la Cámara Alta que las recientes declaraciones del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez, revelan irregularidades graves durante el sexenio de Zedillo que ameritan una investigación profunda.

“Se han presentado datos y cifras reveladoras que comprometen la actuación del expresidente, porque la misma Unidad de Inteligencia Financiera asegura que hubo irregularidades en las auditorías al Fobaproa y hay cuentas secretas”, afirmó la legisladora de Morena.

Durante su administración (1994-2000), Zedillo impulsó el rescate bancario mediante el mecanismo del Fobaproa, lo que significó convertir deuda privada en deuda pública. El monto de las operaciones secretas del fondo, según la UIF, ascendió a 73 mil 775 millones de pesos, equivalentes a unos 7 mil millones de dólares. Estas revelaciones reactivaron el debate sobre la transparencia del proceso y los costos sociales de aquella decisión.

En la Cámara de Diputados, la discusión también escaló. El legislador morenista Hugo Eric Flores, exdirigente del Partido Encuentro Social (PES), propuso la creación de una Comisión de la Verdad para esclarecer el caso y exhibir a los actuales legisladores que participaron en la aprobación de los pagarés hace más de 25 años.

“Tendríamos que crear una comisión de la verdad, darle seguimiento, tendríamos que revisar la actuación de los funcionarios si se apegaron a no a la legalidad y bien valdría la pena hasta sacar una lista de las diputadas y los diputados de esta legislatura que aprobaron aquella deuda”, dijo Flores en rueda de prensa el 30 de abril.

Por su parte, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar sostuvo que la falta de información y la negativa de gobiernos pasados para abrir los expedientes impidieron una investigación concluyente. Calificó al Fobaproa como un “expediente abierto” que debe retomarse para sancionar a los responsables.

“El rasgo fundamental fue la opacidad y la impunidad porque no hubo ningún castigo”, puntualizó Ramírez Cuéllar.

La tensión política surgió tras una semana de confrontación directa entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el exprimer mandatario Ernesto Zedillo. Tras las acusaciones contra el expresidente de mentir sobre la entrega de los resultados de la auditoría al Fobaproa, Zedillo propuso una auditoría internacional al AIFA, el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas. 

El titular de la UIF detalló que el exmandatario entregó un disco encriptado con cinco llaves a los partidos representados en la Cámara de Diputados, junto con un aviso de confidencialidad que advertía sobre “daños irreparables” si se hacía pública la lista de operaciones. Gómez sostuvo que el diseño del sistema aseguraba que la auditoría nunca se conociera, lo que desmiente la supuesta transparencia defendida por Zedillo.

El conflicto ha escalado del plano discursivo al legislativo, y Morena buscará transformar el tema en una investigación formal que podría marcar el cierre simbólico —o el inicio jurídico— de una de las decisiones económicas más controvertidas en la historia reciente de México.