Durante la presidencia de Arturo Zaldívar, la Suprema Corte adjudicó contratos por millones de pesos para la impresión de sus publicaciones y la operación de una plataforma web para eventos institucionales; aunque los documentos revisados respetan formalmente los procedimientos de contratación, la coexistencia de dos contratos abiertos para el mismo objeto, techos presupuestales combinados que suman decenas de millones y una marcada dispersión en los precios unitarios por pliego, junto con la adjudicación de la plataforma desde la Oficina de la Presidencia, dejan indicios de sobredimensionamiento y opacidad.
Durante la presidencia de Arturo Zaldívar, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) celebró dos contratos abiertos para la impresión de obras editoriales y uno más para operar una plataforma web de eventos institucionales; los documentos revisados no permiten afirmar un sobrecosto de manera categórica, pero sí exhiben señales consistentes de posible sobredimensionamiento del gasto y opacidad en su ejecución. Los contratos de impresión, identificados como SCJN/DGRM/DPC-017/08/2022 con Grupo Comercial Impresor Arcos, y SCJN/DGRM/DPC-018/08/2022 con otra casa impresora llamada Impresos Santiago, S.A. de C.V., ambos obtenidos a través de la licitación e inscrito en la licitación LPN/SCJN/DGRM/006/2022, fijan techos de hasta 14.98 y 10.79 millones de pesos con IVA, respectivamente, a partir de listas de títulos y precios por pliego que muestran amplias variaciones para tirajes de entre 1,000 y 3,000 ejemplares, una dispersión que, sin el detalle técnico de materiales y acabados, resulta difícil de explicar a simple vista para publicaciones de naturaleza similar.
El primer contrato de impresión establece un presupuesto mínimo de 3.75 millones de pesos y un máximo de 12.91 millones antes de impuestos, 14.98 millones ya con IVA, mientras que el segundo arranca en 2.75 millones y escala hasta 9.30 millones antes de impuestos 10.79 millones con IVA; ambos fueron firmados en septiembre de 2022 y se apoyan en el mismo procedimiento de licitación consolidada, lo que, en los hechos, duplica la capacidad de gasto para un objeto coincidente: “impresión de diversas obras editoriales”. En los anexos de precios aparecen piezas con costos por pliego en el rango de 2.69 a 3.78 pesos para revistas del CEC, junto con otras que alcanzan 11.00 y hasta 14.70 pesos por pliego, como el volumen “Fuera de foco: fotografía contemporánea y derechos humanos”. Al tratarse de una revista fotográfica podría justificarse el incremento del costo. Sin embargo, en el contrato de Grupo Comercial Impresor Arcos, se incluyó la impresión de los documentos del Informe Anual de Labores del ministro presidente en 2022, cuyo costo alcanzó los $205,593.75 por tiraje, mientras que la edición ejecutiva ascendió a $45,337.50, con un precio unitario de $40.30 por pliego. Estos montos figuran entre los más elevados dentro del conjunto de publicaciones contratadas ese año, muy por encima de otros títulos de características editoriales comparables, lo que refuerza los indicios de que ciertos proyectos se autorizaron con tarifas por pliego significativamente más altas que el promedio del propio consolidado de impresión.
Esa falta de homogeneidad interna no prueba por sí misma un sobreprecio, pero sí configura un patrón que amerita contraste con cotizaciones comerciales de 2022 y con los expedientes técnicos de cada obra.
En paralelo, la SCJN contrató a TDM Internacional, S.A. de C.V. una plataforma web “integral” para el XIV Encuentro Universitario y la XX Feria Internacional del Libro Jurídico por 1,112,416.80 pesos IVA incluido, con un periodo de prestación de dos meses (del 13 de septiembre al 18 de noviembre de 2022) y administración a cargo de la Subdirección de Eventos adscrita a la Coordinación de la Oficina de la Presidencia. Se trata de un servicio temporal adjudicado por concurso público sumario, modalidad legal pero menos competida que una licitación abierta, cuyo alcance operativo, servicios virtuales y entregables asociados, no detalla desarrollos permanentes, licencias transferibles ni métricas de audiencia que permitan evaluar costo por usuario o por sesión.
El documento de archivos de contratación para la XX Feria Internacional del Libro Jurídico detalla que la empresa adjudicada debía entregar un sitio web con características puntuales: una landing page de acceso, un pabellón principal virtual donde se alojara la información de la feria, salas de conferencias digitales para transmitir las actividades en vivo, un sistema para el registro de participantes y la grabación en alta definición de las sesiones para su posterior consulta. También se pedía que la plataforma pudiera atender hasta 20 mil visitas durante el periodo de la feria, además de brindar soporte técnico y garantizar que el entorno virtual estuviera disponible durante los días del evento.
En esencia, lo que se solicitó fue la habilitación de un micrositio temporal de eventos con transmisión integrada y un módulo de registros de usuario. Estas funcionalidades, si bien requieren diseño, administración y soporte, son relativamente comunes en el mercado digital y pueden resolverse con gestores de contenido como WordPress y complementos especializados para eventos. Desde un punto de vista técnico, no implican desarrollos a gran escala o licencias complejas, sino la integración de piezas ya disponibles.
La lectura conjunta de los tres contratos sugiere decisiones compatibles con la norma interna, pagos contra CFDI, plazos de 15 días hábiles, suficiencia presupuestal y apego al Acuerdo General de Administración XIV/2019, pero también una arquitectura de gasto con márgenes amplios y documentación testada que limita la trazabilidad fina: en las versiones públicas se reservan datos bancarios, firmas y ciertos campos operativos, lo que dificulta reconstruir órdenes de suministro, entregas parciales y niveles de ejercicio frente a los techos autorizados. En consecuencia, no es posible sostener que hubo sobrecosto de manera concluyente; sí es posible afirmar que existen indicios razonables de sobregasto potencial, techos muy altos frente a mínimos relativamente bajos, duplicidad de contratos para un mismo objeto y disparidades internas de precios, que justifican un escrutinio adicional con órdenes de trabajo, actas de entrega-recepción y comparativos de mercado independientes.
