La crisis política en Nepal estalló en violencia tras la prohibición de redes sociales, con protestas que dejaron más de 20 muertos, el incendio de viviendas de altos dirigentes, incluida la de la esposa del ex primer ministro Jhalanath Khanal, y la renuncia del primer ministro K.P. Sharma Oli junto a varios de sus ministros.
Nepal vivió una de las jornadas más violentas de su historia reciente tras la prohibición de redes sociales, que desató una ola de protestas que dejaron al menos 21 personas muertas, decenas de heridos y la dimisión del primer ministro K.P. Sharma Oli, así como de varios de sus ministros.
La violencia alcanzó un punto crítico el martes, cuando Rajyalaxmi Chitrakar, esposa del ex primer ministro Jhalanath Khanal, murió a causa de graves quemaduras después de que manifestantes incendiaron su vivienda en Katmandú con ella dentro. Chitrakar fue trasladada en estado crítico al Hospital de Quemados de Kirtipur, pero falleció durante el tratamiento.
Los disturbios también se extendieron a las residencias de otros altos dirigentes políticos. Manifestantes incendiaron la casa privada del ex primer ministro Oli en Balkot, así como las viviendas del presidente Ram Chandra Poudel, del ex primer ministro Sher Bahadur Deuba, del líder maoísta Pushpa Kamal Dahal, y de la ministra de Exteriores Arzu Rana Deuba, quien también resultó agredida en su domicilio. En redes sociales circularon imágenes de los ataques, que analistas locales calificaron como una persecución directa contra la élite política.
El Parlamento de Nepal fue asaltado y parcialmente incendiado, mientras que decenas de propiedades privadas, incluida una escuela propiedad de Arzu Rana Deuba, fueron atacadas. Las manifestaciones, inicialmente pacíficas, se transformaron en una espiral de violencia que el Gobierno intentó contener con un toque de queda indefinido en la capital.
Represión y saldo mortal
Las protestas comenzaron como rechazo al bloqueo de Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp y X, impuesto por el Gobierno con el argumento de evitar el “uso indebido” de las plataformas. La exigencia de que las redes sociales se registraran y se sometieran a la supervisión local fue interpretada como un ataque a la libertad de expresión.
El lunes, miles de estudiantes, muchos de ellos con uniformes escolares, se movilizaron en Katmandú. La policía abrió fuego contra los manifestantes, lo que dejó un saldo de 19 muertos y más de 300 heridos, según medios locales, mientras que Times of India elevó la cifra a 21 fallecidos. En redes sociales, los jóvenes popularizaron la etiqueta #NepoKids para denunciar los lujos que ostentan los hijos de los políticos en contraste con la crisis social.
Crisis política y renuncias en cadena
Ante la magnitud de la violencia, K.P. Sharma Oli presentó su renuncia el martes en una carta al presidente Poudel. “He renunciado al cargo de primer ministro con efecto desde hoy… para dar pasos hacia una solución política”, escribió. En su declaración, culpó a “grupos de intereses creados” de infiltrarse en las manifestaciones, y anunció indemnizaciones a las familias de las víctimas y tratamiento médico para los heridos.
Su dimisión estuvo precedida por la del ministro del Interior, Ramesh Lekhak, y la del ministro de Agricultura, Ramnath Adhikari, quienes afirmaron asumir la “responsabilidad moral”. Cinco ministros ya habían renunciado con anterioridad.
La crisis se agravó cuando 20 diputados del Rastriya Swatantra Party (RSP) renunciaron en bloque, alegando que el Parlamento “ha perdido su legitimidad” y exigiendo la formación de un gobierno civil interino. Su comunicado incluyó la petición de una comisión judicial independiente para investigar la represión, en consonancia con las críticas de Amnistía Internacional y Naciones Unidas.
Origen del conflicto
El detonante de las protestas fue la ley para regular redes sociales, que obligaba a las plataformas digitales a establecer oficinas de enlace en Nepal y someterse a una estricta supervisión gubernamental. El proyecto de ley fue ampliamente cuestionado por grupos de derechos humanos, que lo describieron como un intento de censura y una herramienta de control político.
El Gobierno levantó el bloqueo a las plataformas la mañana del martes, pero la medida no frenó la movilización, que ya se había transformado en un movimiento más amplio contra la corrupción y las élites políticas del país.
