La Suprema Corte de Estados Unidos falló a favor de la administración de Donald Trump, autorizando a los agentes de inmigración a detener temporalmente a personas en California basándose en criterios como su raza, idioma que hablan o tipo de trabajo, una decisión que abre la puerta a lo que se ha llamado la mayor operación de deportación masiva en la historia estadounidense.
En una votación de 6-3, los justices de la Corte Suprema levantaron la orden de un juez de Los Ángeles que prohibía los llamados “patrullajes móviles” que detenían personas en las calles del sur de California únicamente por su apariencia, idioma, empleo o ubicación.
La decisión representa una victoria significativa para Trump, despejando el camino para la operación de deportaciones que prometió durante su mandato. Aunque no se trata de un fallo final, indica que la Corte no respaldará restricciones estrictas sobre la autoridad de los agentes de inmigración para detener a personas bajo sospecha de presencia ilegal.
El juez Brett M. Kavanaugh argumentó que la ley federal permite a los agentes “detener brevemente” a individuos cuando existe una sospecha razonable basada en circunstancias específicas, incluyendo la alta concentración de inmigrantes indocumentados en Los Ángeles, los lugares donde suelen trabajar y los empleos de baja calificación que desempeñan, como trabajo agrícola, construcción, jardinería o lavado de autos.
Por su parte, la jueza Sonia Sotomayor disintió, calificando la decisión como un grave abuso del dossier de emergencia, y advirtió que se pone en riesgo a latinos, ciudadanos estadounidenses incluidos, que trabajan en empleos de bajos salarios. Denunció que las detenciones incluyen uso de violencia física y armas de fuego, afectando tanto a inmigrantes indocumentados como a ciudadanos estadounidenses.
El caso se originó en junio, cuando agentes designados por Trump realizaron redadas callejeras en Los Ángeles, deteniendo a residentes legales e indocumentados sin pruebas suficientes de su estatus migratorio. Grupos de derechos civiles y abogados locales impugnaron estas detenciones, argumentando violaciones a la Cuarta Enmienda, que protege contra registros y detenciones irrazonables.
El fallo impacta a Los Ángeles, Orange, Riverside, San Bernardino, Ventura, Santa Bárbara y San Luis Obispo, afectando a millones de residentes latinos y de habla hispana en la región, y generando preocupación entre ciudadanos sobre los alcances de la aplicación de la ley migratoria bajo criterios de perfil racial.
