La ciudad de Millville, en Nueva Jersey, votó esta semana para prohibir la construcción de nuevos centros de datos dentro de sus límites y, con ello, frenó un megaproyecto de 1.4 gigawatts que habría ocupado más de 60 acres. La decisión del gobierno local bloquea el llamado Millville Energy & Data Center Campus, una de las mayores instalaciones de este tipo propuestas en el estado.
La votación marca un nuevo punto de tensión en la expansión de la inteligencia artificial: la infraestructura que permite entrenar y operar modelos de IA ya no se discute solo en laboratorios, mercados o congresos, sino también en municipios donde comunidades y autoridades locales comienzan a cuestionar su impacto sobre electricidad, agua, suelo y servicios públicos.
De acuerdo con la ordenanza municipal, los comisionados de Millville concluyeron que los centros de datos son incompatibles con los objetivos de planeación territorial de la ciudad, su capacidad de infraestructura y el carácter de la comunidad. El documento sostiene que su construcción y operación serían perjudiciales para la salud, la seguridad y el bienestar público.
La ciudad enumeró varias razones: consumo eléctrico extremadamente alto, necesidades sustanciales de enfriamiento, ruido generado por equipos mecánicos, producción de calor, impactos ambientales y creación limitada de empleo en relación con el suelo utilizado. La ordenanza también advierte que este tipo de instalaciones puede introducirse en municipios bajo categorías como almacenes, telecomunicaciones o usos industriales, aunque sus características operativas sean distintas.
La tensión entre la narrativa empresarial y la respuesta local queda expuesta en el propio sitio del proyecto. A1 Data Center presenta el Millville Energy & Data Center Campus como una plataforma industrial de 66 acres “diseñada para resolver” una de las principales restricciones de la infraestructura de IA y nube: la certeza energética. El sitio promociona el campus como listo para cargas hyperscale, IA y cómputo de alto rendimiento, con una ruta de expansión hacia 1.4 GW y capacidad inmediata de 49 MW. Sin embargo, esa misma promesa de escala fue leída por las autoridades locales como una presión excesiva sobre el territorio: la ciudad terminó prohibiendo nuevos centros de datos al considerar que eran incompatibles con su planeación urbana, capacidad de infraestructura y carácter comunitario.
El caso fue impulsado por meses de organización ciudadana. La organización Climate Revolution Action Network dijo a Business Insider que trabajó con residentes para oponerse al proyecto y ahora busca una moratoria estatal para centros de datos que consuman al menos 20 megawatts, hasta que existan reglas para proteger a consumidores, confiabilidad de la red eléctrica e impactos ambientales.
El conflicto en Millville muestra una dimensión menos visible del auge de la IA. Aunque suele hablarse de modelos, chips, inversiones y competencia entre empresas tecnológicas, su despliegue depende de una infraestructura física intensiva: terrenos amplios, conexión eléctrica constante, sistemas de enfriamiento, agua, subestaciones y permisos locales.
La preocupación no es aislada. El Departamento de Energía de Estados Unidos estimó que los centros de datos consumieron cerca de 4.4% de toda la electricidad del país en 2023 y podrían llegar a entre 6.7% y 12% en 2028. En términos absolutos, su consumo pasó de 58 TWh en 2014 a 176 TWh en 2023, y podría alcanzar entre 325 y 580 TWh para 2028.
La Agencia Internacional de Energía también proyecta que el consumo eléctrico global de los centros de datos podría más que duplicarse hacia 2030, hasta llegar a unos 945 TWh. En Estados Unidos, estos centros representarían casi la mitad del crecimiento de la demanda eléctrica de aquí al final de la década.
El problema es que esa demanda no se distribuye de manera uniforme. La IEA advierte que los impactos locales pueden ser mucho más pronunciados porque la capacidad de centros de datos tiende a concentrarse en clústeres regionales. El Departamento de Energía también reconoce que estas instalaciones pueden presionar redes regionales por el tamaño de sus cargas, su necesidad de energía continua y sus restricciones geográficas.
Por eso el caso de Millville abre una pregunta política más amplia: ¿quién decide dónde se instala la infraestructura de la inteligencia artificial y quién paga sus costos?
El Departamento de Energía ya identificó varios dilemas regulatorios para este tipo de grandes consumidores eléctricos, entre ellos evitar que los costos de infraestructura se trasladen injustamente a otros usuarios, mitigar riesgos por inversiones infrautilizadas y reducir riesgos de confiabilidad si la demanda supera la oferta disponible.
La decisión de Millville no detiene el crecimiento de la IA, pero sí muestra que la expansión de sus infraestructuras puede enfrentar resistencias locales cada vez más organizadas. La nube, presentada durante años como una infraestructura abstracta e invisible, empieza a tocar tierra. Y cuando toca tierra, encuentra redes eléctricas, acuíferos, facturas, zonificación, vecinos y gobiernos municipales con capacidad de decir no.
